Las muertes violentas siguen en Guayaquil. Ayer hubo cuatro fallecimientos por arma de fuego. Los casos se dieron en la madrugada.
Carlos Albán, de 35 años, fue trasladado a emergencia del Hospital Luis Vernaza con heridas de bala, pero allí solo confirmaron su deceso. José Luis Nazareno (22), en cambio, fue internado con heridas letales en el Hospital Universitario; a la 01:00, en ese centro se confirmó su muerte.
En tanto, Alexis Naranjo Ramos (34) murió a las 03:00. Su hermano, Ignacio Naranjo, señaló que dos desconocidos en una moto le dispararon mientras se dirigía a su domicilio, en la 11 y callejón Sedalana, en el suburbio.
Ayer, Gabriel Soria denunció ante la Fiscalía la muerte de su nieto Jimmy Asencio Soria, de 29 años. El fallecimiento ocurrió a las 05:00 en el callejón Rosendo Avilés y Guerrero Martínez.Según el denunciante, Asencio libaba con dos amigos cuando le dispararon. No tiene más información de lo ocurrido ni conoce la ubicación de quienes estaban con su nieto a la hora del crimen. Estas muertes violentas y otras ocurridas la semana pasada, preocupan. Para el experto en seguridad Daniel Adler, los casos violentos, denunciados o publicados por los medios, son una parte de lo que sucede en realidad.
Según un estudio del Departamento Radar Informativo, dirigido por Adler y que se encarga de sondeos sociales, solo un 30% de los hechos delictivos es denunciado ante la Fiscalía.
Es decir, que un 70% de las víctimas o sus familiares no denuncia los delitos.
El experto explica que hay decenas de estrategias que se pueden aplicar desde los ciudadanos para frenar las estadísticas delictivas y los niveles de inseguridad.
Dejar el carro en un estacionamiento seguro, circular por avenidas amplias y transitadas y observar el entorno para descubrir si hay alguien sospechoso escondido, son algunos de los consejos que propone.
Según Alfredo Ruiz Guzmán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, el problema se agrava por las últimas desavenencias entre Policía y Función Judicial.
El jurista reconoce que hay falencias en los dos entes. La Policía requiere mejor implementación y logística para afrontar la lucha contra la delincuencia.
Mientras que, del lado de los judiciales, todavía no asimilan del todo las garantías de la nueva Constitución de la República en materia penal.
“Las garantías establecidas en la Constitución protegen, de manera especial y novedosa, a la libertad individual como bien jurídico fundamental. Muchos malentendidos se deben a esta aplicación”, manifiesta Ruiz.
Otra acción que se anunció para reducir la inseguridad en Guayas fue la conformación del Consejo de Seguridad. El miércoles pasado fue la primera reunión.