La idea de aumentar los sueldos en la Función Judicial nació de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El 18 de marzo, el presidente de este organismo, Vicente Troya, remitió un oficio al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Oswaldo Cevallos y pidió que en el Pleno del organismo “se revise y se pague la remuneración unificada mensual que corresponde”.
La Judicatura analizó el documento y el 2 de julio acogió la petición. Con ello, desde coordinadores de evaluaciones, hasta los jueces nacionales, vocales del CJ y sus presidentes tendrán un aumento del 20% en sus ingresos.
Por ejemplo, los jueces nacionales y vocales del CJ que ganaban USD 4 950 pasarán a ganar 5 940. Un informe de la Asociación de Judiciales de Pichincha y Guayas señala que esta resolución beneficia únicamente a 300 de los 4 500 judicial que trabajan en todo el país.
Este sector fue el primero en criticar la medida del CJ. El pasado viernes, sus representantes se reunieron dos horas con Cevallos y pidieron que el aumento sea para todos. “Se ha comprometido a ellos, pero tenemos que esperar”, señaló el presidente de la Asociación de Judiciales de Pichincha, Fidel Chiriboga.
Lenin Zeballos, asesor político de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje) y presidente de la Asociación de Los Ríos, también anunció que este miércoles, a las 14:30, se reunirán en Quito para tratar este tema.
El alza de sueldos se produce en medio de la crisis interna del CJ. La semana pasada, el Pleno del organismo destituyó de la vicepresidencia de la Judicatura a Ulpiano Salazar y lo dejó como vocal. Al funcionario se lo acusó de tomarse el nombre de la entidad y respaldar al vocal de la Judicatura, Víctor Hugo Castillo, quien el 5 de mayo tuvo un altercado con el juez cuarto de lo Civil de Guayaquil, Félix Herrera.
La semana pasada, el CJ también separó a Castillo de sus funciones y en su reemplazo fue posesionado Óscar León.
Ayer, Salazar criticó el aumentar de los sueldos. Apareció con la legisladora oficialista María Paula Romo, quien planteó que el tema sea analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional.