Los gritos de “¡asesinos, asesinos!” se escuchaban en la esquina de las calles Rocafuerte y Cumandá (Centro Histórico). A las 08:30 de ayer, los internos de la cárcel número tres, que funciona cerca al ex penal García Moreno, protestaban por la muerte del prisionero extranjero Valoy Silvestre Musungo.
Desde las mallas ubicadas en la parte superior del centro, los internos gritaban en contra de las autoridades, pues exigían una explicación del por qué ocurrió la muerte. La justificación oficial fue que el interno falleció porque estaba en etapa terminal del sida.Pero Sonia Andrade, directora de la Fundación Gandhi para los Derechos Humanos, denunció que Musungo dormía sobre el piso de una celda y estaba cubierto por una manta con olores nauseabundos. Dijo que eso lo comprobó en la visita del miércoles.
La atención a la salud de los internos es una de las falencias que arrastra el sistema de rehabilitación social del país. El Estado destina apenas USD 18,9 anuales a la salud de cada prisionero.
Sin embargo, Elías Dávila, líder nacional de Procesos de Salud de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), dice que lo óptimo sería entregar por lo menos de USD 25 a 30 cada año.
Datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) revelan que en todas las cárceles del país existen 45 casos positivos del VIH/sida. Dávila reconoce que esta cifra “está un poco más alto que de la población general”.
Un ex interno que pagó su condena en el ex penal García Moreno contó que la atención médica en la cárcel es deficiente. Recuerda que los permisos para salir a un hospital se extienden en cuatro o cinco días, pese a que se requiere atención médica urgente.
La queja de familiares de los internos es frecuente por la falta de atención en salud. Ayer, Lady Zúñiga, asesora del Ministerio de Justicia, conoció el caso de Musungo. En la mañana entró al panóptico y al mediodía dijo que el 25 de enero el interno fue llevado a una casa de salud del Estado, en Quito. “En vez de tratarle de su enfermedad le atienden un problema respiratorio de amigdalitis. Le recetan eso y certifican que le dan solo ese fármaco, porque la casa de salud no cuenta con más medicamentos”. Según la funcionaria, Musungo salió 10 veces al hospital para ser atendido, “lastimosamente no se lo atendió de forma debida. De hecho, no se le detuvo (en el hospital) para que sea atendido en su fase terminal de sida”.
Los problemas en el área médica de los panópticos se agravan por la falta de médicos. El pasado lunes, este Diario reveló cifras oficiales y dio cuenta que en las cárceles del país, 65 doctores atienden a 13 000 presos, aunque se requiere un 50% más.
Según Dávila, el presupuesto para las medicinas de los presos es de USD 500 000 anuales. “La inversión que calculamos con el Ministerio de Salud para dejar óptimas a las unidades, según una proyección hasta el 2013, es de USD 2,5 millones”.
En la Cárcel 3 la rutina se interrumpió con la protesta. Testigos que estaban en las afueras del centro contaron que policías armados y vestidos con uniforme camuflaje y chalecos antibalas, llegaron al lugar minutos después de iniciada la protesta carcelaria.
La llegada de Zúñiga y una conversación interna tranquilizaron a los detenidos. En un comunicado remitido a este Diario en la tarde, los integrantes del Comité de Personas Privadas de la Libertad de la Cárcel 3 dijeron que “jamás trataron de amotinarse o causar hechos de violencia”.
Según el comunicado, los internos informaron a las autoridades del Ministerio de Justicia las “anomalías que se venían aconteciendo desde hace algún tiempo en la Dirección” de la cárcel. Según ese comunicado, esas irregularidades incluso llevaron “al fallecimiento del interno Musungo, quien murió víctima de la negligencia del ex director”. En la tarde se conoció que Justicia removió de su cargo al director Danny Roa, quien permaneció en la cárcel sin dar declaraciones.