Carlos Baca (der.), fiscal General, fue quien intervino en la audiencia contra Delgado, que se realizó ante el juez Jorge Blum, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Foto: Juan Cevallos/API
Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central, enfrenta un segundo proceso penal por un supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que la Fiscalía General presentara cargos en su contra la tarde de este lunes 29 de mayo del 2017.
Carlos Baca, fiscal General, fue quien intervino en la audiencia contra Delgado, que se realizó ante el juez Jorge Blum, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
En la diligencia, Baca presentó 11 evidencias del supuesto delito, entre estos elementos constan las declaraciones juramentadas de Delgado y el informe de la Contraloría General, documentos en los que se detallan bienes por USD 1 millón que el exfuncionario no habría podido justificar, como una casa comprada en los Estados Unidos y cuentas bancarias.
Según Baca, la Contraloría examinó los bienes de Delgado desde julio del 2009 hasta octubre del 2011, mientras ejerció cargos en el Banco Central y como asesor del expresidente Rafael Correa.
En la audiencia, el Fiscal pidió la prisión preventiva de Delgado, (quien se encuentra prófugo en los Estados Unidos desde el 2012, cuando reconoció públicamente que falsificó su título de economista).
Su solicitud fue acepta por el juez Blum. Lo mismo ocurrió con otro pedido que formuló Baca para que el expediente pase a la presidencia de la Corte y de esta forma se tramite una posible extradición del ex funcionario. Es decir se trata del segundo intento de traerlo hasta la justicia ecuatoriana, ya que en el proceso por su título falso también hay un pedido en curso.
“Este pedido ha avanzado”, afirmó Baca sobre el primer proceso de extracción sin detallar el tipo de avance.
El Fiscal, a su salida de la diligencia, también confirmó que viajará “pronto” a Brasil. Su visita coincidirá con el levantamiento del sigilo judicial del caso Odebrecht, que tiene previsto cumplir la Fiscalía de ese país este jueves 1 de junio.
El Código Integral Penal sanciona el enriquecimiento ilícito con una pena de hasta 10 años de cárcel cuando el perjuicio sean superior a los 400 salarios básicos del trabajador. Además, se trata de un delito imprescriptible.