20 de January de 2012 00:02

La Corte irá a una capacitación internacional

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Un abrazo selló la felicitación por haber logrado un cupo como conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La mañana de ayer, Daniela Camacho llegó al Consejo de la Judicatura (CJ) para saber cómo conseguir el formulario de datos personales que debe entregar hasta el próximo lunes. Y allí se encontró con otra persona.

Los 21 jueces e igual número de conjueces tienen cinco días para entregar en el CJ los documentos personales. Caso contrario corren el riesgo de ser descalificados y que suba uno mejor puntuado. Solo después de ese proceso se tendrá una lista definitiva de los triunfadores. De la actual nómina se observa que al menos seis nuevos jueces tuvieron y tienen relación con personas vinculadas al Gobierno. Por ejemplo, la jueza María Vintimilla trabajó con Lorena Escudero, Rosa Alvarado y Fander Falconí, todos identificados con el presidente Rafael Correa (ver infografía).

La audiencia final fue clave para calificar a la jurista. Hasta antes de esa comparecencia, Vintimilla estaba en el puesto 25 y al obtener 9,5 sobre 10 puntos pasó al cupo 19 en el listado general e ingresó a la Corte Nacional.

El jurista y docente de la Universidad Central, Jaime Hernández dice que la calificación de candidatos con bajos puntajes demuestra que la nueva “Corte va a estar al servicio del Gobierno”.

De hecho, hasta antes de las audiencias, Paúl Íñiguez Ríos estaba en el puesto 41 con 67,43 puntos. En la fase definitiva le dieron 9,9 puntos y subió al puesto 20, como mejor puntuado. Ahora, él es juez nacional, pero en la Asamblea de Montecristi trabajó como asesor de la asambleísta de País, Linda Machuca, con USD 3 200 al mes.

“Distinguidos docentes de la Facultad (de Jurisprudencia de la Universidad Central) estaban entre los mejores puntuados, pero luego de las audiencias no han sido considerados como jueces titulares”, sostuvo Hernández.

Jueces vinculados directamente con funcionarios del Gobierno se defienden. Rocío Salgado, madre del ministro del Interior, José Serrano, advierte: “Yo estoy aquí, porque tengo 25 años de ejercicio profesional transparente y por que estoy respaldada académicamente. Si alguien tiene dudas puede acudir a la página web o puede ver mis respaldos académicos, prácticos y teóricos”.

Wilson Andino, hermano del asambleísta oficialista Mauro Andino, también recurre a su experiencia. “Tengo casi 30 años de jurista y mi hermano 3 años de asambleísta. No sé por qué eso pueda pesar (en las decisiones). La independencia de la Función Judicial se va a respetar”.

En los archivos digitales de la Judicatura reposan datos que revelan, por ejemplo, la relación que el actual juez de la Corte Nacional, José Suing, trabajó como consultor en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), cuando Fander Falconí fue titular por primera vez.

El acuerdo laboral estuvo vigente entre el 28 de marzo del 2007 al 31 de octubre de ese año.

Los nexos con funcionarios también tiene la jueza Mariana Yumbai. Según los datos registrados en el CJ , la jurista tuvo como jefe inmediato al actual prefecto de Zamora, Salvador Quishpe.

El día en que finalizaron las audiencias públicas, el vocal de la Judicatura, Fernando Yávar, aseguró que la relación familiar no deslegitima a los entonces concursantes y que habría que ver los fallos una vez en funciones.

Los nuevos magistrados estarán en funciones hasta el 2021 y por ahora se someterán a un período de capacitación la próxima semana. Allí se realizará una actualización jurídica. Ellos deberán asumir los más de 10 125 juicios que el actual alto Tribunal dejó pendiente. El vocal Yávar advirtió que los flamantes funcionarios deben entren a conocer de inmediato las causas represadas.

Punto de vista
Farith Simon/ Catedrático
‘No se puede descalificar’

La nueva Corte Nacional de Justicia  es un organismo de 21 nombres. Por el hecho de que estén  tres personas   vinculadas a funcionarios  no se puede  descalificar, menos antes de que empiece a funcionar.

Son ellos quienes ahora deben eliminar esas dudas con sus decisiones judiciales, con los casos que resuelvan, porque   la ciudadanía los juzgará.

Si bien toda reforma de justicia puede pasar por el cambio de nombres,  esa no es la única condición necesaria para un cambio completo y sobre todo efectivo. Por tanto, los nuevos jueces, juezas, conjueces y conjuezas estarán sujetos a un tiempo de evaluación.

Debemos entender que su trabajo  tiene tres dimensiones de casos: primero está lo  cotidiano, son los fallos del día a día donde no hay complicaciones mayores y en los cuales deben ponerse al día. En estos, como en los otros casos, deben demostrar conocimiento, profesionalismo e independencia, no vinculaciones de ningún tipo. El segundo grupo de casos es el de  alto contenido político, de trascendencia para el país, donde están involucrados personajes públicos y políticos.

Un tercer grupo  involucra a personas vinculadas al Régimen actual, donde hay  complejidad. Si el sistema se ha demorado, puede ser porque las partes busquen  que los procesos se dilaten o porque  algunos jueces demoran juicios a propósito para no indagar a fondo. Se deberá esperar que esta nueva Corte marque una diferencia con sus decisiones.

La capacitación

Los 42  juristas mejor puntuados participarán en un evento  internacional de capacitación.  Allí estarán profesores de universidades de  Ecuador, Perú,  Argentina, España, etc.    
 
Los  documentos personales de los jueces  y conjueces  ganadores podrán presentar en el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) hasta el lunes próximo, a las 17:00. Eso lo confirmó Cristian Castillo, coordinador del proceso de selección.  
 
En un video difundido ayer, la Judicatura dijo que el  martes el presidente del organismo, Paulo Rodríguez,   fue internado por emergencias.


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