Tuárez (en la foto) estuvo asistido en la audiencia de formulación de cargos por su defensora Teresa Rivas.
La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó este miércoles 4 de diciembre del 2019 un pedido de libertad con Hábeas Corpus, solicitado por la defensa de José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La audiencia se realizó a partir de las 08:55 y culminó a las 12:30. Los tres jueces de la Sala se tomaron dos horas para analizar el alegato. Finalmente, la presidenta de dicha Sala, Alexandra Novo, negó la solicitud por considerar que todo lo actuado por el juez de Garantías Penales, Marco Guerra, no vulneró los derechos constitucionales de Tuárez. Además, que la orden de prisión emitida en su contra no había caducado tras su detención como parte de una supuesta red de tráfico de influencias.
El juez Guerra dictó el pasado 29 de noviembre prisión preventiva en contra de Tuárez y otros 26 investigados por presunta asociación ilícita para tramitar altos cargos públicos. Para otros seis dispuso medidas cautelares. La madrugada del jueves 28 de noviembre se realizó un operativo en seis provincias y se detuvo a 33 personas.
De acuerdo con la resolución de la Sala, Tuárez estuvo asistido en la audiencia de formulación de cargos por su defensora Teresa Rivas. Ella cuestionó que el fiscal del caso le hizo una notificación que dice que es por el delito tráfico de influencias, basado en el artículo 481.
“Este Art. 481 habla del allanamiento, no del tráfico de influencias, porque este delito está tipificado en el Art.285. Desde allí ya tenemos otra vulneración de derechos porque se le giro una boleta con fines investigativos con un engaño con un delito que ni siquiera existe, porque un allanamiento que tiene que ver mi patrocinado con un allanamiento”, cuestionó Rivas.
También criticó que hasta la presente fecha no se le haya podido facilitar el expediente de 13 cuerpos que se puso el día de la formulación de cargos a disposición de cada defensa técnica “y menos aún por parte de la unidad judicial correspondiente”.
También en su intervención, la abogada dijo que dentro del mismo expediente y con oficio se justificó que su patrocinado es una figura pública que ya sufrió un atentado en octubre pasado. Por lo tanto, solicitó a la Fiscalía que sea trasladado a la Cárcel 4, de Quito, por seguridad. “El día de ayer ya hubo un muerto en el CDP”, dijo.
Finalmente defendió que no hay indicios de que Tuárez se vaya a fugar ya que la cuida a su madre. “El señor fiscal y el señor juez concedieron medidas alternativas a otras personas que sufrían una discapacidad o que tenían hijos a su cargo con discapacidad. Está bien por ser un grupo prioritario”.
