Han transcurrido dos días desde que la nueva Corte Nacional de Justicia se encuentra en funciones y ayer se conformaron las Salas.
Cerca de las 16:30, la Corte emitió la lista definitiva de quienes conformarán las ocho Salas de este organismo.
El Código de la Función Judicial ordena que los 21 jueces formen parte de al menos dos salas, a excepción del presidente Carlos Ramírez, que solo podrá formar parte de una de ellas.
Las salas de lo Laboral, Penal Civil; y de la Familia, Niñez y Adolescencia son las que tendrán más de tres integrantes. Las cuales a su vez se dividirán en dos o tres salas. Por ejemplo, la penal tiene nueve miembros, de la cual se formarán tres grupos de tres magistrados. Entre los jueces asignados a esta materia se encuentran dos ex asesores de asambleístas de Alianza País: Paúl Íñiguez (ex colaborador de Linda Machuca) y Ximena Vintimilla (ex asesora de Rossana Alvarado -ver cuadro-).
Así se decidió repartir las labores de los jueces para que las causas represadas (10 518 heredadas) y las que ingresen durante el 2012, “tengan una resolución más rápida”, aseguró Gladys Terán, jurista que conformará las salas de lo Laboral y lo Penal.
La selección de los magistrados se dio en base a las especializaciones que tiene cada uno de ellos y las preferencias presentadas en sus inscripciones cuando iniciaron el concurso para ser parte del máximo organismo de la Justicia.
José Suing, magistrado que formó parte de la Corte, afirmó que “nos hemos tardado en la conformación, porque no existen suficientes jueces especializados para todas las salas”. El jurista advirtió que “sería mejor excusarse de no participar en una sala asignada, a que formar parte de aquella en la que no se tiene suficiente conocimiento del tema”.
Pero este paso en las primeras decisiones de la Corte elegida por el Consejo de la Judicatura (CJ) quedó incompleto, pues después de dos horas de sesión del Pleno, no se definió cómo quedarán conformadas las Salas con más miembros ni quienes la presidirían.
Ningún magistrado pudo conocer qué despacho se le asignaría, ya que hasta la tarde no se conocían la repartición de salas y las oficinas están estrechamente ligadas a ese funcionamiento, explicó una comunicación de la Corte.
Los magistrados se reunieron en el quinto piso, donde se encuentra el despacho del Presidente y la sala de reuniones. Cada uno llegó con tan solo libros personales para la sesión y salieron con los mismos objetos.
Wilson Andino, por ejemplo, aún no ocupó el carro oficial asignado para cada magistrado y tomó un taxi al salir de la Corte. Por el contrario, Wilson Merino y otros juristas fueron recogidos por su chofer y carro del Estado.
La salida de los judiciales
El ambiente en la Corte Nacional fue desolado ayer. Al cambio de los jueces se sumó el temor de una posible salida de empleados.
En la mañana, los judiciales aún esperaban las notas que obtuvieron en las pruebas de conocimiento y psicológicas, a las que 5 965 personas se sometieron en noviembre pasado, en el país.
En el Artículo 34 del reglamento de evaluación se dice que los funcionarios que en estos exámenes no consiguieron como mínimo 70 puntos sobre 100 serán destituidos de sus cargos. Hubo temor y angustia. En el Palacio de Justicia (centro norte de Quito) ocurría algo similar.
Funcionarios del CJ entregaron las notificaciones en los juzgados de Tránsito y los Civiles.
Uno de los jueces estuvo molesto y dijo no tener “cabeza para nada”. Pidió que cerraran la puerta, pero en segundos cambió de opinión. “Venga, venga… Le voy a dar la entrevista, pero no ponga mi nombre”. A este jurista le llegaron ayer las notas de su evaluación y por 27 centésimas inicialmente se queda fuera del cargo.
Mostró el informe firmado por Fernando Yépez, director nacional de Personal de la Judicatura, y dijo que por un retraso de 20 minutos en la hora de entrada le restan cinco puntos. “Me ponen menos de 70 puntos, no han tomado en cuenta mis cursos de Derecho Constitucional. Yo he dado hasta cursos. Por eso ponen 1,10 puntos, cuando en realidad tengo derecho a 6”.
Las puntuaciones no son definitivas. Los posibles afectados pueden apelar hasta hoy. Precisamente para eso el CJ ha preferido no dar el número de judiciales que deben dejar sus puestos. No obstante, en el Reglamento se dice que las pruebas psicotécnicas y sus resultados no están sujetas a reconsideración, pero sí las de conocimiento. Para la apelación, el CJ conformará un Tribunal de reconsideración, integrada por cuatro personas. Allí no aparecen representantes de los judiciales. Ayer, el fiscal de Pichincha, Marco Freire, también buscaba información sobre las pruebas.