La Corte Distrital llamó a juicio a Cao Lay Muñoz

La Primera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha confirmó el auto de llamamiento a juicio en contra de Cao Lay Muñoz Gallón (foto) y Bolívar López Santos. Así, negó la apelación interpuesta por los imputados, como autor y cómplice, respectivamente, del presunto delito de amenazas para corromper a un funcionario público, reprimido con 4 a 8 años de reclusión mayor. El asambleísta de Alianza País Gabriel Rivera denunció que el 4 de enero de 2008, cuando estuvo en la Asamblea COnstituyente, fue “contactado telefónicamente por un sujeto que no se identificó”.Según su versión, le ofrecieron USD 3 millones, por la reinstalación del Congreso Nacional, que fue cesado por ese organismo constituyente, y por la no aprobación de la Nueva Constitución; así como USD 250 000 por cada asambleísta que consiga para lograr esos propósitos. Muñoz y López fueron procesados por el caso. La Primera Sala confirmó el llamamiento a juicio. Consideró que en la instrucción del fiscal Miguel Jurado aparecen pr

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La Primera Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha confirmó el auto de llamamiento a juicio en contra de Cao Lay Muñoz Gallón (foto) y Bolívar López Santos. Así, negó la apelación interpuesta por los imputados, como autor y cómplice, respectivamente, del presunto delito de amenazas para corromper a un funcionario público, reprimido con 4 a 8 años de reclusión mayor.

El asambleísta de Alianza País Gabriel Rivera denunció que el 4 de enero de 2008, cuando estuvo en la Asamblea COnstituyente, fue “contactado telefónicamente por un sujeto que no se identificó”.

Según su versión, le ofrecieron USD 3 millones, por la reinstalación del Congreso Nacional, que fue cesado por ese organismo constituyente, y por la no aprobación de la Nueva Constitución; así como USD 250 000 por cada asambleísta que consiga para lograr esos propósitos.

Muñoz y López fueron procesados por el caso. La Primera Sala confirmó el llamamiento a juicio. Consideró que en la instrucción del fiscal Miguel Jurado aparecen presunciones graves y fundadas sobre la existencia de ese delito.