El pasado 29 de septiembre, la Fiscalía realizó la reconstrucción del rescate del expresidente Rafael Correa, el 30-S. Foto: Archivo / El Comercio
A 21 días de que el Fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, enviara a la Fiscalía General la solicitud para que se determinase si se investiga o no al expresidente Rafael Correa y al exministro de Defensa Javier Ponce, su petición quedó sin efecto.
Ambos eran señalados por su presunta responsabilidad en la muerte del policía Froilán Jiménez, durante el 30-S.
Pero el nuevo fiscal que está a cargo del caso, José Maldonado, dispuso que se dejara sin efecto la investigación.
El pasado 20 de septiembre, Salazar presentó 27 indicios que señalaban la responsabilidad de las dos exautoridades de Estado en el hecho. En ese entonces, el fiscal denunciaba una supuesta ejecución extrajudicial del uniformado. Es decir, que la muerte de Jiménez había resultado de una disposición de un superior.
Los indicios apuntaban que Rafael Correa y Javier Ponce habrían sido los autores mediatos de la muerte. Es decir, que se valieron de un tercero para cometer delitos.
Para Maldonado, hasta el momento, la solicitud para que se indague al exjefe de Estado carecería de sustento legal y jurídico. Según el fiscal, esto ocurre porque el delito de autoría mediata indica que una persona debe tener una participación directa o dominio exclusivo en el hecho investigado.
El fiscal asegura que hasta ahora las evidencias recabadas no determinan que alguna de las personas investigadas haya dado la orden de disparar o ejecutar disparos a una persona que estaba en la denominada Operación Rescate.
Edwin Romero, abogado de la familia Jiménez, aseguró que no existe ninguna disposición oficial de parte del Fiscal General y que denunciará esta “inconsistencia”. Adelantó que el caso será enviado a organismos internacionales.
“Un fiscal no puede emitir ese tipo de disposiciones; aquí el único que se puede pronunciar es el Fiscal General” dijo.
Para el abogado, los fiscales no han actuado de manera objetiva y “se ha retrocedido 20 días de investigación” a partir de la solicitud de Salazar.
“Habrá que preguntarles a los fiscales qué es lo que pasa, pero aquí uno de los dos miente”, expresó Romero.
Sandra Jiménez, hermana del policía, estará en Quito la próxima semana y solicitará a la Fiscalía los documentos en los que se basaron para tomar esta decisión.
Por otro lado, el fiscal adelantó que los 27 indicios presentado por Fabián Salazar confirmarían que existió una orden para “organizar, planificar y rescatar al expresidente”.
Eso se sustenta en el informe entregado por FF.AA. acerca del rescate ejecutado el 30-S.
El inciso 13 detalla que el exjefe de Estado dispuso a Javier Ponce, vía telefónica, que lo saquen del hospital donde estaba retenido. “Es decir que se trató de un rescate sin que se hayan ordenado disparos, razón por la cual con base en el principio de objetividad, dejo sin efecto el impulso Fiscal Nº 15 de fecha 20 de septiembre del 2018, suscrito por Fabián Salazar”, señaló el fiscal Maldonado.
El abogado Romero señala que la familia de Jiménez está a la espera de un pronunciamiento oficial, donde se les explique cuáles son las razones de la decisión. “No pueden pasar este tipo de cosas yque elFiscalGeneralse desentienda”.
El pasado 5 de septiembre fue abierta la instrucción fiscal dentro de este proceso y se llamó a comparecer a los oficiales del Ejército Wilson R . y Vicente N. por su presunta participación en el delito de la ejecución extrajudicial del policía.
Ahí, el juez ordenó que los militares se presentaran periódica ante el fiscal del caso y se prohibió la salida del país para ambos procesados.
Entre tanto, en septiembre pasado Luis Castro, exjefe del Ejército, compareció en la fiscalía de Pichincha donde dijo que los militares arriesgaron su vida para “cumplir la misión” y “salvar la democracia”. Y aseguró que si dispararon fue en legítima defensa.
Castro indicó que actuaron bajo el mando de la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que siguió al Alto Mando y que se respetó una cadena de mando. Se apoyó en un decreto de emergencia y en planes militares, y se respetó al máximo el uso progresivo de la fuerza.
Estas comparecencias se realizaron por la búsqueda del fusil de donde habría salido la bala que perforó el chaleco antimunición de Jiménez.
El abogado de la familia del policía asistió a la versión. Según el jurista, el oficial dijo ante el fiscal que no dispuso el uso de fusiles HK ni de la munición 5,56 mm, el tipo de calibre que se halló en el cuerpo del uniformado.
El lunes, la familia de Jiménez dará una rueda de prensa para explicar su posición.
