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Controles son insuficientes frente a la invasión del espacio público

En la calle Antonio Ruiz hay vendedores informales. Más de ellos llegan cuando se van los agentes municipales. Foto: Patricio Terán  / El Comercio

A pesar de las multas y la vigilancia permanentes, los vendedores informales continúan ocupando aceras y calzada. Hay molestia entre los moradores de las zonas conflictivas, por la interrupción del paso. En este año van 172 sancionados. 

El acceso a su propio garaje no deja de ser incómodo para Alberto Salazar. En la calle Emilio Bustamante Andrade, en Cotocollao, norte de Quito, donde vive, los comerciantes de todo tipo se han tomado las aceras. El paso vehicular y peatonal ya resulta limitado, por lo que ha tenido enfrentamientos un par de veces.   

“Se creen dueños de la vereda. Uno tiene que bajarse y pedir que se muevan para guardar el carro y encima se enojan”, afirma Salazar. También denuncia que los vendedores dejan esos espacios sucios y llenos de desechos.   
El hombre, de 42 años, añade que las autoridades hacen caso omiso de las denuncias ciudadanas y solo se “pasean de arriba a abajo” hasta las 17:00, que se retiran.   

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) identifica dos formas de mal uso del espacio público: los informales que se ubican en las veredas y bloquean el paso con su mercadería; y los dueños de negocios autorizados que sacan publicidad, parlantes o productos afuera del local. Ambas actividades están prohibidas y son sancionadas.  

Por ejemplo, cuando el dueño de una local obstruye el paso, la multa es de USD 100 por uso indebido del espacio público. En cambio, cuando se trata de vendedores que trabajan sin permiso, la multa es del 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir USD 212,50.   

Sectores más conflictivos

 Según Andrea Jiménez, directora Metropolitana de Inspección de la entidad municipal, los sectores más conflictivos siguen siendo las inmediaciones de mercados, centros comerciales y las calles cerca de escenarios deportivos.
Así mismo, la AMC identifica como fechas problemáticas las festividades por Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo y San Valentín.   

En el polo sur de Quito, en el barrio Nueva Aurora, es notoria la invasión de aceras por comerciantes. Se pueden encontrar zapatos, enseres del hogar, productos medicinales y comida.  

Los vecinos que salen de sus casas esquivan a los vendedores y sus productos. Algunos han optado por colocar púas afiladas en los bordes de los inmuebles, para evitar que la gente se siente y permanezca ahí demasiado tiempo. Aun así no logran resultados.   

“Muchas veces se llena de delincuentes entre los vendedores y no hay seguridad para pasar a la casa de uno”, lamenta Lourdes Chancusig, quien se dedica a las labores del hogar y cuidado de sus nietos. En la puerta de su casa hay un puesto permanente de venta de arepas y otros artículos. 

En el espacio para que un auto se estacione hay un puesto de ropa, lo que genera más tráfico.   

Los moradores de puntos problemáticos dicen que no es suficiente el control porque los vendedores proliferan, incluso en calles transversales y pasajes, donde se esconden a la hora de los operativos.  

La AMC cuenta con 110 inspectores y 40 instructores, que trabajan todo el año en horarios rotativos para verificar el buen uso del espacio público en todo el Distrito. 

Dependiendo de los casos se desplazan los grupos de control.  Según estadísticas de la entidad, en los últimos tres años el mayor pico de sancionados fue en 2020. Por la pandemia, muchos perdieron sus empleos y optaron por vender productos en la calle.

Ese año, 1 248 personas fueron sancionadas, mientras que en 2021 la cifra bajó a 753. En el primer trimestre de 2022 ya suman 172 las infracciones.  

La ocupación del espacio por los informales no solo afecta a los vecinos de la zona, sino a los comerciantes autorizados.  

Para Carmen Barahona, vendedora de 40 años, los operativos de control no funcionan. “Parece que a quienes tenemos permisos nos revisan más que a los ambulantes que no pagan nada”, reclama.    

Ella es parte de la asociación de comerciantes autónomos regularizados 25 de Mayo, que cuenta con casi 70 miembros en Cotocollao. Anualmente paga USD 100 por regalías, permisos, RISE y patente por el espacio de 80 centímetros por 1,50 metros sobre la vereda de la calle Alfareros.   

En su puesto vende ropa interior desde 2014, con los documentos en regla. Es su trabajo pero por la competencia de los informales no le alcanza para solventar los gastos de sus tres hijos y el arriendo de su casa, en el mismo sector.   
Junto a ella hay otros cuatro puestos que ocupan casi media cuadra y dejan menos de media vereda libre para los transeúntes.

Todos tienen permiso para ocupar el espacio, aunque sea un obstáculo para quienes van con coches de bebé o en silla de ruedas.