Esta es la cocina que funciona en el Centro de Detención Provisional de Quito, que opera en el barrio El Inca (norte). Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
Durante siete años, la entrega de alimentos para presos de 36 cárceles que operan en el país ha estado en manos de la misma empresa. Pero las autoridades del Ministerio de Justicia, que se posesionaron el 15 de noviembre, comenzaron una auditoría para determinar si se cumple o no con el contrato, un documento de 35 páginas, cuya última renovación se firmó el 14 de junio pasado por USD 17 millones.
La investigación comenzó luego de que Justicia recibiera quejas en las cárceles de Latacunga, Ibarra, Machala y Quito de que las porciones del desayuno, almuerzo y merienda eran mínimas. De hecho, la semana pasada, cuando este Diario entró al Centro de Detención Provisional de El Inca, los presos decían que les dan poco arroz y poca sopa.
Una de las cláusulas del contrato exige que en el desayuno se dé un vaso de colada de máchica, maicena, tapioca, quinua, avena en leche o fruta, jugo o café con leche. Además, un pan, un huevo, un pedazo de queso, embutido o mermelada. Los detenidos del CDP-Quito dicen que solo les sirven un vaso de colada y un pan.
En la cocina de esa cárcel hay personal que cocina, pica cebolla, rábanos, papas y lava utensilios. El calor es sofocante y solo hay un par de ventanas para la ventilación. La comida es preparada por 35 personas que trabajan en la empresa de catering que ha ganado todos los concursos.
De acuerdo con el contrato, en el almuerzo se debe incluir estas opciones: sopa de queso, fideo, carne o menudencias. El plato fuerte debe tener una porción de arroz acompañada de carne, pollo o mariscos.
Según ese acuerdo, firmado entre la Coordinación Administrativa y Financiera del Ministerio de Justicia y la empresa de catering, la comida se puede acompañar con guarniciones frías como ensaladas u opciones calientes, puré o menestras de diferentes cereales. Las bebidas pueden ser gelatina, agua aromática o refrescos. Lo que ahora se quiere es conocer técnicamente si se cumple o no con estos detalles.
“Lo que puedo señalar es que en todos los centros carcelarios donde he estado, la principal queja es la calidad, la cantidad y el trato del personal”, dice el subsecretario de Rehabilitación para personas adultas, Ricardo Camacho. “Esta empresa va más de siete años dando de comer a los presos del país. Es decir, multiplique USD 2,50 diarios por 38 000 detenidos; eso es lo que cobran”.
La renovación del contrato se concretó luego de que el 10 de abril pasado se emitiera un justificativo a través de un Informe de Necesidades. El documento se elaboró en la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida para Adultos. Ese escrito fue revisado por Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Rehabilitación Social y aprobado en la Dirección de Tratamiento y Plan de Vida.
Ahora, la auditoría se lleva “al más alto nivel”. Ese trabajo se encargó al Viceministerio de Justicia. Camacho espera que los resultados estén listos a principios de enero. De eso dependerá cualquier decisión que se tome.
El ministro de Justicia, Ernesto Pazmiño, dice que el alimento para los detenidos del país cuesta USD 36 millones al año. “Eso es imposible mantenerlo. Creo que si se organizan, los mismos presos pueden elaborar la comida”, advierte. “Las personas que salen con prelibertad podrían quedarse trabajando en el sistema de alimentación de las cárceles”.
La idea es que para la alimentación se compren los productos de las mismas localidades en donde están asentadas las prisiones. Con esto, Pazmiño quiere que incluso se fortalezcan las microempresas locales.
Este Diario intentó hablar con representantes de la compañía a cargo de la alimentación, pero el personal señaló que un funcionario emitirá declaraciones después del feriado de Navidad.
El contrato también facultó a esa compañía para que entregue el alimento en los nueve Centros para Adolescentes Infractores, que atienden a jóvenes violentos.
En la página 15 del documento se dice que a los chicos, a más de las tres comidas, se dará dos refrigerios diarios en la mañana y en la tarde.
En contexto
En las cárceles también hay problemas de hacinamiento. Por ejemplo, el centro de rehabilitación de Jipijapa tiene una sobrepoblación del 268%. En Cañar llega al 112% y en Ibarra al 123%. Allí, además, hay quejas por la alimentación que reciben a diario.