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Contraloría dice que en la segunda adjudicación del Hospital de Pedernales hay responsabilidades penales

Según la Contraloría General del Estado, el equipo de auditoría estableció irregularidades. Por ejemplo, la constructora solicitó el pago del anticipo de la obra, aunque los funcionarios del Secob no verificaron la validez legal de las garantías de buen u

Según la Contraloría General del Estado, el equipo de auditoría estableció irregularidades. Por ejemplo, la constructora solicitó el pago del anticipo de la obra, aunque los funcionarios del Secob no verificaron la validez legal de las garantías de buen u

La Contraloría informó este 2 de junio del 2020 que la empresa beneficiada con el contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales debía ser descalificada. Foto Twitter Gobernación de Manabí

La Contraloría halló irregularidades en el proceso de contratación para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí. Estas derivan en indicios penales.

A través de un comunicado, difundido la tarde de este martes 2 de junio del 2020, la entidad de control señaló que la empresa beneficiada con el contrato, el Consorcio Pedernales Manabí, debía ser descalificada, pues su experiencia “se calificó sobre la base de certificados inválidos”. Además, el procurador común del Consorcio también es gerente general de una compañía subcontratista “lo que está prohibido, por lo que la oferta debió anularse”.

En la fase de ejecución del contrato, la Contraloría encontró que el anticipo del 50% que recibió el Consorcio, para comenzar la edificación se sacó sin justificación de una cuenta bancaria de BanEcuador. De los USD 8,2 millones que recibió el pasado 3 de marzo, actualmente quedan USD 893 032 “aunque no se registran avances en las obras”.

El pasado 15 de mayo, la Fiscalía dirigió una serie de operativos en Manabí. Una parte del dinero para la construcción del Hospital se encontró en poder de Jean Carlos Benavides, asesor legislativo. Ese mismo día fue detenido el representante del Consorcio, quien además era firma autorizada de la cuenta bancaria. A partir de esas acciones la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos y el delito de enriquecimiento privado no justificado.

El informe de la Contraloría también señala a funcionarios públicos quienes estuvieron a cargo de la adjudicación de la obra. En la fase precontractual se descubrió que estas personas descalificaron las ofertas de empresas extranjeras “sin motivos” y que no aceptaron los documentos que avalaban la experiencia de estas constructoras.

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