Imagen referencial. La Contraloría dijo que al adjudicar la obra de forma directa, los funcionarios de la Epmmop no comprobaron si el Consorcio ganador tenía igual o mayor experiencia que otras constructoras. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Un contrato por USD 30,1 millones para la repavimentación de Quito tiene irregularidades. Así lo confirmó la Contraloría General del Estado.
A través de un comunicado enviado el domingo 14 de junio del 2020, el ente de control señala que hay indicios penales en el proceso precontractual y que por esa razón remitió el documento a la Fiscalía para que se abra una investigación penal.
Entre los hallazgos, la Contraloría menciona que la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) adjudicó, en noviembre del 2019, el contrato para la repavimentación de la urbe al Consorcio Repavimentación Quito. Luego de esto, el Consorcio “cedió a las compañías G. y H.C. una parte de la ejecución de los trabajos, debido a que no contaba con la capacidad
operativa, técnica y económica para ejecutar la obra”.
Otra irregularidad que menciona la Contraloría es que esta obra se adjudicó bajo el “régimen de emergencia”. Es decir, mediante contratación directa y no por concurso o licitación.
“Los funcionarios de la empresa municipal no justificaron, a través de estudios, la conveniencia técnica y económica de la contratación directa, como tampoco realizaron la comparación de la capacidad operativa del consorcio con otras empresas”.
La Contraloría dijo que al adjudicar la obra de forma directa, los funcionarios de la Epmmop no comprobaron si el Consorcio ganador tenía igual o mayor experiencia que otras constructoras. Tampoco hicieron un análisis económico que evidencie que la firma ganadora ofrecía las mejores condiciones económicas para los intereses de la ciudad.
Además, los pliegos de la obra “se ajustaron a las características de la compañía adjudicada y se omitieron algunos requerimientos. Por ejemplo, no se consideraron parámetros de equipo mínimo, personal técnico propuesto, acreditación de la experiencia y metodología de ejecución del proyecto para calificar al proveedor”.
El informe con indicios de responsabilidad penal ya fue remitido a la Fiscalía, en donde se abrió una investigación para investigar este caso.
