Una auditoría que la Contraloría General del Estado ejecutó a los costos de operación, al mantenimiento y al estado actual de la Refinería del Pacífico estableció inversiones no planificadas por USD 1 528 millones en una “infraestructura inútil”.
En su informe, que es público desde ayer, 13 de mayo del 2021, se dice que en el sitio del proyecto se ejecutaron obras tempranas en terrenos, vías de acceso, campamento habitacional, preparación del sitio de implantación, fases de visualización, ingeniería conceptual e ingeniería básica.
“Sin embargo, la infraestructura está abandonada y no recibe mantenimiento, evidenciando falta de planificación en su ejecución y el uso ineficiente de las asignaciones”, dice la auditoría.
Sobre el acueducto La Esperanza, que se utiliza para dotar parcialmente de agua cruda a las poblaciones aledañas, el informe de la Contraloría indica que las captaciones ilegales ocasionan afectaciones hidráulicas al ducto y un aumento en el consumo eléctrico en la estación de bombeo.
“El acueducto se podría paralizar provocando el corte del suministro del líquido en Manta, Montecristi y Jaramijó”, dice.
Según la Contraloría, las condiciones operativas en las que trabaja el acueducto La Esperanza no garantizan el desempeño correcto de los equipos instalados ni su integridad mecánica, eléctrica y electrónica. “Genera riesgos para instalaciones no aseguradas; la infraestructura está subutilizada y las bombas corren el peligro de colapsar”.
Adicionalmente indica que existen compromisos no ejecutados por USD 28 168, 822 en obras de compensación social para los cantones ubicados en el área de influencia del proyecto.
La administración de la compañía -dice la Contraloría- tampoco gestionó permisos ambientales y no se presentaron los informes de cumplimiento ambiental de 2013 a 2017.
“La auditoría no pudo corroborar el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de manejo ambiental debido a la ausencia de declaraciones anuales de desechos peligrosos”.
La refinería del Pacífico fue un proyecto del gobierno de Rafael Correa.