La Contraloría General del Estado remitió este lunes 8 de agosto del 2022 a la Fiscalía los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) de tres generales de la Policía Nacional.
Este hecho lo dio a conocer el contralor subrogante, Carlos Riofrío, durante una comparecencia en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea.
En un plazo menor a 180 días, el ente de control emitió los resultados de los exámenes especiales que se realizaron al patrimonio de 25 generales de la Policía.
De esas auditorías, se emitieron tres informes con indicios de responsabilidad penal. La Contraloría detectó inconsistencias en el incremento del patrimonio de tres oficiales
“El jueves (4 de agosto del 2022) esos informes estuvieron aprobados y el día de hoy (8 de agosto del 2022), en horas de la mañana, se entregó a la Fiscalía General para el trámite correspondiente”, indicó Riofrío.
El Contralor aseguró que no puede mencionar los nombres de los generales porque el trámite y el análisis de este caso ahora está en manos de la Fiscalía.
Según Riofrío, la entidad investigadora será la encargada de confirmar o descartar la existencia de esos indicios de responsabilidad penal.
Detalles del caso
El viernes 5 de agosto del 2022, la Contraloría confirmó que se ejecutaron 24 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional. El periodo de análisis de esas auditorias fue entre 2017 y 2021.
Al inicio de esas auditorias, todos esos oficiales se encontraban en servicio activo. Sin embargo, cuando se emitieron los tres informes de IRP, dos generales siguen en servicio activo y uno ya está en servicio pasivo, es decir que salió de la institución policial.
Estas acciones de control, a los 25 generales, arrancaron en diciembre del 2021 por pedido de la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela.
Esa decisión se dio luego de que el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, hable sobre ‘narcogenerales’ y sobre la presunta penetración del narcotráfico entre los miembros de las instituciones del orden público.