Según la información de la Contraloría de este 11 de junio del 2020, los auditores revisaron dos contratos. El primero es la adjudicación de servicio de desinfección de instalaciones de la Epmaps y un segundo contrato que tiene que ver con la adquisición de equipo de protección para el personal de la Empresa de Agua, caso por el que está detenido el gerente de la entidad Guido Andrade. Foto: Empresa de Agua Potable de Quito
La Contraloría emitió dos informes con indicios de responsabilidad penal relacionados a las compras de insumos para enfrentar la pandemia, que estuvieron a cargo de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito (Epmaps).
Los datos se conocieron este jueves 11 de junio del 2020. Según la información a la que accedió este Diario, los auditores revisaron dos contratos. El primero es la adjudicación del servicio de desinfección de instalaciones de la empresa municipal por el que se desembolsó USD 652 124.
La conclusión principal fue que “la Epmaps pagó en exceso USD 0,59 por metro cuadrado”. Según el ente de control, el precio total tuvo un 269% de “diferencia no justificada”.
Otros indicios que se hallaron es que la Epmaps hizo esta adjudicación pese a que contaba en su stock con productos químicos para desinfección, como hipoclorito de sodio. “Sin embargo, se recurrió a la contratación del servicio y la provisión del químico PTDO2 para realizar esas tareas. No se justificó a auditoría, mediante estudios o informes técnicos, por qué se decidió utilizar ese producto”, señala la Contraloría.
Además, las dos proformas que recibió la empresa municipal tenían cuestionamientos. El primer oferente no tenía “como parte de su actividad comercial la prestación del servicio requerido, ni registra actividad económica entre el 2014 y el 2018”. En cambio, la segunda empresa que se presentó como oferente “no contaba con los recursos operativos y financieros necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato”.
La Contraloría indicó que el funcionario municipal a cargo de hacer un estudio de mercado obtuvo las proformas por medio de una tercera persona, que estaría vinculada con las empresas.
La entidad de control también revisó un segundo contrato. Este tiene que ver con la adquisición de equipo de protección para el personal de la Epmaps, caso por el que está detenido el gerente de la entidad Guido Andrade.
Entre los hallazgos, los auditores señalaron que el precio referencial para adquirir respiradores, monogafas y trajes de protección se estableció con base en tres ofertas presentadas y no mediante una búsqueda de precios en el Portal de Compras Públicas.
También, las compañías que fueron invitadas a presentar sus proformas “están relacionadas entre sí, comercialmente y a través de sus accionistas”.
En este caso la empresa que ganó el contrato por USD 167 920 es Silverti, la misma compañía investigada por peculado por la venta de bolsas para cadáveres, con posible sobreprecio, al Hospital IESS de Los Ceibos, en Guayaquil.
La Contraloría verificó que otras entidades del Estado adquirieron los mismos insumos a precios inferiores. Pero la Epmaps pagó por cada mascarilla USD USD 5,70; por las monogafas USD 6,6 y por los trajes de protección USD 30. “La diferencia entre el costo total del contrato y el estudio de mercado efectuado por auditoría es de USD 73 544”, se concluyó en el informe.
