La fiscal Diana Salazar, junto a los conjueces Milton Ávila (izq.), Lauro de la Cadena (centro) y José Layedra (der.). Foto: Corte Nacional de Justicia
El Tribunal, conformado por los conjueces Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra, negó los recursos de casación presentados por 16 imputados en el caso Sobornos y ratificó la condena de ocho años contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros.
El fallo fue leído en la Corte Nacional de Justicia, el pasado lunes 7 de septiembre de 2020 en la tarde. Los magistrados se tomaron dos días para analizar los argumentos que la Fiscalía, Procuraduría y defensa de los sentenciados presentaron durante la audiencia de casación.
La decisión no fue unánime. El conjuez Milton Ávila no votó con el resto, pues dijo que a los autores del cohecho se les debía imponer una pena de seis
años y a los cómplices, de tres.
Los magistrados confirmaron que Correa y Glas fueron los instigadores del delito. “Sin su influencia, el ilícito no se hubiese materializado”.
Además, los conjueces dijeron que Correa como líder de Alianza País aconsejó a Pamela Martínez para que “armara un sistema ilícito de distribución de sobornos en una oficina paralela a la Presidencia de la República”. El pedido de casación de la exfuncionaria también fue negado, pero por la cooperación e información que proporcionó en el caso, la pena bajó de 32 meses a nueve.
Un grupo de personas llegó a los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, para protestar en contra de Correa. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Sobre Jorge Glas dijeron que instigó a que se cometiese el delito desde su cargo como Ministro de Sectores Estratégicos y luego en la Vicepresidencia. “Obtuvo recursos económicos para beneficio propio y del movimiento político”.
Los magistrados establecieron que Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Martínez y Cristian Viteri son coautores del ilícito.
Poco después de conocer el fallo, Mera dijo en su cuenta de red social lo siguiente: “Me iré a la cárcel sin haber visto un centavo ni conocer ninguna estructura delincuencial”.
Durante las audiencias de casación, los abogados cuestionaron la aplicación de 11 artículos de dos normas penales en la sentencia. Ellos aseguraron que se aplicó e interpretó incorrectamente la ley.
Sin embargo, los conjueces dijeron ayer que tras realizar un análisis jurídico del fallo no se “atentó contra el derecho a la defensa de los procesados”.
Este Diario conversó con Teodoro Calle y Ramiro Galarza, abogados de Correa, Glas y Alexis Mera. Adelantaron que tras recibir el fallo por escrito presentarán recursos de aclaración y ampliación.
Seguidores del exmandatario llegaron ayer a las afueras de la Corte Provincial del Guayas para manifestarse. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El penalista Gabriel Ponce indicó que la primera figura legal sirve para esclarecer aspectos de la sentencia que no se detallaron o están redactados de forma confusa. El segundo recurso permite al abogado pedir a los jueces que se incluyan en el fallo temas que se trataron en la audiencia de casación.
Según la norma penal, la ampliación y aclaración no modifica la condena. Luego de que se resuelvan ambos pedidos, la sentencia quedará ejecutoriada y se emitirán las boletas de captura para los sentenciados.
Después se debe enviar el fallo a los jueces que sentenciaron en primera instancia y a los magistrados que ratificaron la condena en la audiencia de apelación, el pasado 22 de julio.
La Constitución (art. 113, numeral 2), dice que los sentenciados quedan políticamente inhabilitados de por vida.
Correa se pronunció a través de Twitter e indicó que “en tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular”.
Ayer, en los exteriores de la Corte Provincial del Guayas se realizó un plantón para apoyar al exmandatario. La gente llegó con banderas del Ecuador. En cambio afuera de la Corte, en Quito, se congregó un grupo que pedía justicia y que el expresidente fuese encarcelado.
El penalista Mauricio Pacheco señaló que para los empresarios procesados la secuela es que se les prohíbe tener contratos con el Estado.
A uno de ellos, Alberto Hidalgo, cuyo recurso de casación fue negado desde un inicio, el Tribunal le aumentó la pena de 32 meses a ocho años, como autor directo del ilícito.
Tras la audiencia de ayer, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sostuvo lo siguiente: “Este es un mensaje claro. Desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos, no hay nadie sobre la ley”.
