Ayer, a puerta cerrada y con restringido acceso a la prensa desde las 16:45, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea trabajó en la reforma penal.
El análisis comenzó el martes pasado. Ayer, el debate se retomó. La sesión se desarrolló con la presencia de María Paula Romo, presidenta de la mesa, y de sus coidearios de A. País: Marisol Peñafiel, Mauro Andino, César Gracia y Washington Cruz; además Vicente Taiano (Prian), Andrés Páez (ID), Ma. Cristina Kronfle (Madera de Guerrero).
En la mañana, Cinthya Viteri (PSC), quien presentó un proyecto de reforma, fue recibida por Romo. No trascendió si llegaron a un acuerdo. Pero su propuesta incluye modificaciones como la inimputabilidad de adolescentes y niños. Viteri dijo que los menores deberían cumplir la pena que se les imponga en cárceles especiales.
En la tarde la discusión se desarrolló en armonía. Un punto polémico es el que planteó Cinthya Viteri sobre la detención obligada, que en su proyecto alcanzaría los tres años. La figura es para los delitos considerados atroces. Sin embargo, su coidearia, Kronfle aseguró que eran tres meses y no tres años. Esto fue replicado por Romo a quien le sonó extraño que la “propuesta estrella” tenga ese error, preguntó si mas bien se trata de “un cambio de opinión”.
La Presidenta de la mesa también indicó que cualquier forma de privación de la libertad sin que haya sentencia, se considera prisión preventiva. “Ponerle otro nombre a la figura es no sujetarse a la Constitución”.
Además adelantó que en el proyecto enviado por el Ejecutivo se propone que al cumplirse los 12 meses de prisión preventiva se ordene la colocación de un dispositivo satelital, para conocer el sitio en que se encuentren los acusados sin sentencia.
Taiano planteó que este punto, sea debatido en el Pleno del ente.
En la discusión, los asambleístas coincidieron en que el cuello de botella se encuentra en la Fiscalía.
En la mañana se llegó a acuerdos sobre la propuesta de Abdalá Bucaram (PRE), que plantea la reforma al art. 53 del Código Penal para que los sentenciados cumplan sus condenas en su ciudad natal. Pero la oposición hizo notar que eso no puede observarse en caso de reos de alto riesgo que deben hacerlo en la cárcel de máxima seguridad.
La oposición también mostró su descontento por la idea del Presidente de cambiar el art. 129 del Código Penal. Se pretende sancionar la protesta popular. “Es una clara expresión del carácter autoritario del gobierno de Correa y de medidas leninistas propias del modelo populista que impulsan”.
Hasta el cierre de esta edición no concluía la reunión.