En Colombia, donde según Naciones Unidas existen unas 68 000 hectáreas sembradas con hoja de coca y la Policía reconoce que desde el 2002 hasta la fecha han sido capturadas y extraditadas por narcotráfico cerca de 900 personas, el consumo de la droga está prohibido pero no penalizado.
Actualmente no hay iniciativa ni parlamentaria ni gubernamental, sobre despenalizar la producción o el consumo. La más reciente decisión sobre consumo, aprobada el 2009 en el Congreso mediante una reforma constitucional, estableció que “el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”.
El proyecto fue promovido por el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y no fijó penas para los consumidores solo los definía como unas personas enfermas que requieren ayuda.
Los críticos de la ley advirtieron que al ser prohibida pero no penalizada la dosis mínima no es claro qué le sucederá a quien la porte. La reforma se empezó a aplicar en diciembre del 2009 pero no se ha reglamentado.
Según un estudio de la corporación Nuevos Rumbos, dedicada a estudiar la drogadicción en el país, cerca de 300 000 personas necesitan tratamiento, y en los centros de rehabilitación solo hay cupo para 30 000.