Juan Vizueta, presidente del Colegio de Abogados del Guayas (CAG), ingresó un pedido de investigación a Fernando Yávar Núñez. El denunciado es fiscal II de Durán y padre del vocal del Consejo Transitorio Fernando Yávar Umpiérrez.
El gremio acusa a Yávar Núñez como supuesto autor intelectual del presunto delito de tráfico de influencias. En la denuncia, recogen declaraciones del juez Ricardo La Mota donde expresa haber recibido supuesta presión de Yávar Núñez para que libere a Édison R., detenido el 1 de febrero pasado por el delito de posesión de armas.
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Actualmente, La Mota está detenido por presunto prevaricato. El fiscal encargado del Guayas, Paúl Ponce, maneja una instrucción fiscal contra el juez. A las 10:35 de hoy, Vizueta subió al despacho de Ponce, en el piso 13 de la Fiscalía del Guayas, para que incluya su denuncia en la investigación; pero este no la aceptó. Ponce mantuvo un breve diálogo fuera de su oficina con Vizueta y Pedro Granja, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.
“Ni al ministro del Interior ni a ningún otro ciudadano yo he recibido en el despacho por denuncias porque al fiscal provincial no le corresponde recibir denuncias. Las denuncias se presentan abajo”, expresó Ponce. Tras los argumentos de los agremiados, Ponce agregó “la Fiscalía inició de oficio el jueves de la semana anterior una investigación por esos hechos. Buen día, gracias” y se retiró a su oficina.
El Gremio ingresó la denuncia ante el digitador 5, en la planta baja del edificio. En el documento solicita que Yávar Núñez sea convocado a rendir su versión en la Fiscalía del Guayas. También que se revise la bitácora de denuncias presentadas en la Fiscalía II de Durán. En la denuncia argumentan que este último pedido es para determinar si Yávar Núñez recibió una denuncia de Antonio Z. por supuesto intento de asesinado por parte de Édison R.
Además solicitan un informe de recepción de llamadas y contactos telefónicos de los celulares de La Mota, Yávar Núñez y Édison R. Esto “para probar que efectivamente en este caso, existe una coparticipación en la liberación de un ciudadano calificado por el Presidente de la República como ‘peligroso delincuente’”, expresa Vizueta en el documento.