Con reuniones con el presidente de la República, Guillermo Lasso, asambleístas y organizaciones de la sociedad civil, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy, miércoles 1 de diciembre de 2021, su visita a Ecuador por la crisis carcelaria.
“Hemos tenido una larga conversación con el presidente Lasso y hemos querido establecer una ruta de acompañamiento técnico desde la CIDH al Estado ecuatoriano”, dijo Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de este organismo, tras concluir una de sus primeras actividades en Quito.
“No basta con que hoy estemos aquí, con que estemos esta semana, es indispensable para nosotros en la CIDH establecer una ventana de diálogo continua y permanente con el Estado, establecer una ventana de colaboración técnica, de diálogo con los distintos actores del Estado”, agregó.
Reneaum Panszi y el coordinador de monitoreo de la CIDH, Miguel Mesquita, acudieron esta tarde a la Asamblea en donde recibieron el informe de la Comisión de Seguridad que determinó varias falencias y omisiones del Estado en el manejo de las cárceles.
La misión también está encabezada por Stuardo Ralón, comisionado y relator sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad; Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, y otras cuatro personas con amplia experiencia en visitas penitenciarias.
La visita durará hasta el viernes. Reneaum Panszi anunció que para mañana tienen programada una visita a la Penitenciaría del Litoral, a la cárcel de máxima seguridad de Cotopaxi y a la cárcel de mujeres de Quito.
“Son días de muchas entrevistas, de muchos encuentros, solamente para poder tener una fotografía en el lugar, una fotografía de los hechos que nos describen una y otra vez, a partir de elementos estructurales que estamos escuchando, a partir de lo que distintas autoridades del Estado nos cuentan como el abandono del sistema penitenciario y el abandono del objetivo constitucional y de derechos humanos, que es la rehabilitación”, apuntó.
Durante la reunión del Parlamento, asambleístas de distintas bancadas presentaron sus criterios a la CIDH. Patricia Núñez (Creo) señaló que en el Gobierno de Lenín Moreno se eliminó el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de las cárceles; Jorge Pinto (Creo) señaló que desde septiembre de 2010 se debilitó a la Policía por parte del Gobierno de Rafael Correa. José Luis Vallejo (UNES) demandó que se aplique el protocolo de Minnesota por las masacres carcelarias.
El presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (ID), enumeró varias conclusiones del informe como la falta de personal para el control de las cárceles, deficiente equipamiento y tecnología, ausencia de política pública integral y un modelo de gestión de los centros de rehabilitación social, indolencia en el sistema de justicia, entre otras.