El celular sonó a las 15:21 del martes, 9 de enero del 2018. Alexandra Córdova salía de la Fiscalía General, tras conversar con el investigador que lleva el caso de la posible muerte de su hijo David Romo.
Al Whatsapp le llegó un mensaje de texto de su abogado Juan Pablo Albán, quien desde EE.UU. le informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará un estudio preliminar sobre la desaparición de su hijo, reportado en el 2013.
En ese momento, lo primero que hizo Córdova fue agradecer a Dios, pues esperaba esa noticia desde hace cinco meses. Ese fue el tiempo que tardó el organismo internacional para aceptar la denuncia que presentó en agosto pasado contra del Estado ecuatoriano. De inmediato llamó a sus padres y les contó sobre la notificación.
Lo mismo hizo con sus amigos y familiares. Hasta ayer (10 de enero) seguía enviando la carta de la CIDH a sus contactos. En ese documento se dice que el caso se ha registrado bajo el número P-1629-17 Ecuador y que tras la evaluación se conocerán los primeros resultados. Para el abogado Albán, esto significa que la CIDH verificará si los hechos denunciados constituyen una violación de DD.HH.
Ayer, Albán habló con EL COMERCIO desde EE.UU. y explicó que de pasar esta fase, el Estado sería internacionalmente responsable por la falta de diligencia en la investigación.
La madre de Romo está convencida que esto sí sucederá, pues en la denuncia ante el organismo internacional detalló el nombre de nueve entidades que aparentemente tuvieron conocimiento del caso Romo.
En esa lista está la Fiscalía General, la Policía, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, el Consejo de la Judicatura, entre otras.
Hasta ayer, en el Ministerio de Justicia no hubo un pronunciamiento al respecto.
Desde su casa, Córdova recordó que pese a que todas esas autoridades supieron de la desaparición, las investigaciones no han podido determinar qué pasó con su hijo. “Han pasado cuatro años y ocho meses y todavía nadie me puede decir dónde está David”, dice mientras observa las fotografías del universitario.
En la denuncia ante la CIDH, también se expone otros dos factores que, según la madre de Romo, vulneraron sus derechos y de su hijo. El primero es que la Fiscalía mantuvo por más de dos años el expediente en reserva.
Durante ese tiempo, ella y sus abogados no tuvieron conocimiento de las diligencias que se realizaban. En septiembre pasado, cuando el proceso se hizo público, se enteró que había boletas de captura en contra de los sospechosos, que nunca se ejecutaron.
También, conoció las versiones de jóvenes que estuvieron internados en la clínica de Pisulí, un barrio del norte de Quito, en donde se sospecha que Romo fue asesinado.
En esas declaraciones se indica que policías de ese sector, en coordinación con el dueño del establecimiento (ahora detenido) aparentemente participaban de las capturas de los chicos, para llevarles a ese lugar de rehabilitación.
Precisamente este es el segundo factor que involucraría al Estado, pues la familia dice que los policías nunca fueron indagados por la desaparición de Romo. En la denuncia ante la CIDH se informó ese detalle y se pidió que se aclare si hubo una participación directa o indirecta de los agentes.
Ningún miembro de la Policía ha sido procesado penalmente. Este dato lo confirmó el viceministro del Interior, Andrés De la Vega, en una entrevista con este Diario. Sin embargo, informó que hubo dos indagaciones administrativas dentro de la Policía.
En un proceso se investigó “una mala relación” de dos agentes investigadores con los familiares de David. En ese caso fueron sancionados “levemente”. En cambio, en el otro proceso se investigó a “seis o siete” uniformados que laboraban cerca al sector de la clínica. En ese caso se los absolvió, pues no se demostró que tengan relación con los hechos.
La madre de David desconoce detalles de esta última indagación. Dice que no confía en esos resultados, pues cuestiona que los policías hayan sido investigados por otros policías.
Para la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) la participación de policías en la desaparición de Romo sería muy grave, pues se convertiría en el tercer caso que entra a la CIDH bajo estas características. El más antiguo es la pérdida de los hermanos Restrepo, desaparecidos en 1988.
Otra desaparición que es indagada desde ese ente es el caso de Elías López Pita, un joven que en el 2000 desapareció en Ambato. Luego se supo que fue torturado y asesinado por policías, pero nunca se encontró su cuerpo. De eso tiene miedo la madre de David.
El domingo asistió al evento de conmemoración de Santiago y Andrés Restrepo que se realizó en la Plaza Grande. Allí conversó con Pedro Restrepo, padre de los menores. “Él me dijo que por los hijos uno debe hacer todo, hasta las últimas consecuencias. Y por eso creo en la CIDH”, señala.
En la Fiscalía el caso Romo aún se investiga. Para la próxima semana se espera que se realice la reconstrucción de los hechos. Otra diligencia que se prevé suceda en los próximos días es tomar el testimonio de un joven que estuvo dentro en la clínica y que posiblemente vio a David Romo.
Cronología
21 de junio 2013
La Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos sobre la desaparición del joven. Allí se indicó que la última vez que lo vieron fue dentro de un bus, cerca a la Mitad del Mundo.
Noviembre 2013
Agentes de la Policía y de la Fiscalía allanan una clínica clandestina de rehabilitación en Pisulí. Testigos indican que David Romo estuvo en el lugar.
Diciembre 2014
Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de los bomberos realizaron una búsqueda en Pomasqui. No hubo resultados positivos en el rastreo.
Septiembre 2017
La Policía detuvo a los dueños de la clínica (foto). En este mes se formuló cargos en contra de los sospechosos por un supuesto delito de asesinato.
Diciembre 2017
Tres personas fueron vinculadas al caso de la posible muerte del joven quiteño. Entre ellos está un terapeuta, un testigo protegido y un detenido de la cárcel de Latacunga.
En contexto
Cinco fiscales han investigado la desaparición de David Romo. En septiembre, la Fiscalía cambió la figura de desaparecido a posible asesinato. Cinco personas están detenidas. Desde entonces se rastrea la ubicación de tres personas señaladas en el caso.