Familiares de los migrantes cubanos esperaron fuera de la Unidad Judicial de Garantías Penales, el resultado del Hábeas Corpus para evitar su deportación. Foto: Alfredo Lagla/ EL COMERCIO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes 26 de julio del 2016 su “preocupación ante el presunto desalojo y detención arbitraria” de inmigrantes en Ecuador, la mayoría de ellos de nacionalidad cubana.
La institución, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció la “presunta deportación de 121 personas inmigrantes de nacionalidad cubana” en un comunicado.
Cerca de 150 personas fueron desalojadas de un campamento por la Policía Nacional de Ecuador en un control migratorio el 6 de julio pasado, de acuerdo con el informe policial mencionado por la CIDH, en el que este organismo observa algunas irregularidades.
La Policía irrumpió en ese alojamiento localizado en un parque de la ciudad de Quito sin previo aviso y varias personas expresaron que fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas, así como de la confiscación de sus bienes.
En este operativo se vieron involucrados menores, mujeres embarazadas y adultos mayores, que fueron detenidas y trasladadas a una unidad penal y un centro de detención migratoria.
Como resultado de esta redada, se calcula que 121 cubanos fueron devueltos a su país de origen en tres fases el 9, 11 y 13 de julio.
Los inmigrantes que evitaron la deportación fueron los que, en los juicios que estudiaron sus casos, durante los dos días inmediatamente siguientes a la redada, justificaron su permanencia regular en Ecuador.
Ocho personas alegaron responsabilidades familiares por tener hijos a su cargo y otras 22 personas justificaron su permanencia legal en el Ecuador.
Sin embargo, entre los 121 que fueron devueltos a Cuba “se habrían ordenado deportaciones de solicitantes de asilo y refugiados“, según señala la CIDH citando “varias fuentes”.
La Comisión expresó su “preocupación” porque el Estado ecuatoriano haga “uso de forma automática de la detención migratoria, sin antes recurrir a medidas alternativas” y porque la Justicia no sea suficientemente “independiente”.
La CIDH pidió al Gobierno de Ecuador que adopte “todas las medidas que sean necesarias” para garantizar el derecho a la libertad, la integridad personal, el debido proceso, la protección judicial, el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución y a la unidad familiar, enumeró en el comunicado.