La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este 11 de noviembre del 2022 los atentados en Ecuador y exhortó al Gobierno a garantizar la seguridad ciudadana con debida diligencia y respeto a los derechos humanos.
La CIDH recordó los ataques violentos en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, en donde se reportaron atentados con carros bomba cerca de gasolineras, tiroteos contra unidades de Policía así como detonaciones con explosivos.
Dichos ataques por parte de la delincuencia organizada se habrían generado a partir del traslado de personas privadas de la libertad de la Penitenciaría del Litoral hacia otros recintos carcelarios del país.
“Como consecuencia de dichas acciones violentas, preliminarmente, se reportan 5 agentes de la Policía Nacional y 2 personas privadas de la libertad fallecidas; y al menos 25 personas heridas. La CIDH rechaza las pérdidas de vidas humanas en ese contexto e insta al Estado a realizar las investigaciones correspondientes con la debida diligencia reforzada”, dice el organismo de derechos humanos.
CIDH reconoce que el crimen organizado atenta contra la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Estados, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas.
En este sentido rescata que los Estados deben actuar “en todo momento dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos“.
Debido a los atentados, el Gobierno decretó el estado de excepción con toque de queda para las provincias mencionadas. Respecto a esto la CIDH dice que “cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, esta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención sea justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario según requiera cada caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, regulada y fiscalizada”.
Por último se resalta que el Gobierno debe adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de la ciudadanía en general y de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado.
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