Una vivienda esquinera de dos plantas, de paredes color ladrillo y verjas metálicas en los ventanales, sería la morada temporal de César Fernández, ex gobernador de Manabí.
El inmueble, de propiedad de un familiar del ex empresario pesquero, se ubica en una ciudadela de clase media en el norte de Guayaquil. La casa luce deteriorada por fuera, con una puerta metálica de ingreso oxidada.
Esta vivienda habría sido propuesta por la defensa de Fernández para que el acusado de liderar una presunta red de narcotráfico que hacía envíos de droga a través de contenedores, permanezca en la ciudad. El juez IX de Garantías Penales de la Corte del Guayas, Aquiles Dávila, fijó ese inmueble como posible lugar para el arresto domiciliario, pero la decisión debe pasar por un informe que presentará hoy la Policía, sobre las condiciones de seguridad de la vivienda. Wladimir León, jefe Antinarcóticos del Guayas, manifestó -sin detallar cifras- que agentes especializados se encargarían de custodiar la casa permanentemente, mientras el proceso contra Fernández y otras 10 personas vinculadas con la presunta red se desarrolla.
Fernández fue detenido a principios de mes dentro un operativo antidrogas que, según la Policía, se planificó al menos con seis meses de anticipación. Junto con las detenciones, los agentes presentaron 115 kilos de droga, supuestamente hallados en una vivienda de propiedad de unos de los sospechosos, además de armas y vehículos usados para el traslado del cargamento.
En la audiencia de flagrancia se dictó la medida sustitutiva a Fernández por considerar que pertenece a la tercera edad, según los dispone el Art. 171 del Código de Procedimiento Penal. El ex Gobernador tiene 72 años.
La noche del pasado jueves, el detenido debió ser atendido de emergencia por un médico debido a una dolencia gástrica.
La Fiscalía acusó a los 11 supuestos miembros del grupo delictivo de los cargos de tráfico de drogas, asociación ilícita, tenencia ilegal de armas y lavado de activos. Fernández fue vinculado en el primer delito, y desde el 1 de agosto permanece recluido en las instalaciones de la Jefatura Antinarcóticos, en el norte de la urbe.
En el 2003, con la ayuda de la DEA, Antinarcóticos decomisó un avión con 400 kilos de cocaína. La aeronave estaba en el aeropuerto de Portoviejo, en un hangar de propiedad de Fernández. En ese entonces, la Policía dijo que supuestamente el cargamento pertenecía al cartel de Sinaloa.
El ex Gobernador fue condenado a 16 años de reclusión como cómplice de una red de tráfico de drogas, pero salió libre a inicios del 2010. La reducción de su pena se dio cuando, la Corte Nacional de Justicia emitió una resolución en la que se establecieron nuevas reglas para aplicar la rebaja de penas para los prisioneros. El ex Gobernador era investigado desde que salió de prisión, según la Comandancia de la Policía.