Una llamada anónima marcada desde un teléfono celular alertó a la Policía. Los agentes descubrieron que en los aeropuertos de Quito y Guayaquil operaba una red internacional que llevaba drogas a EE.UU., Europa y Asia.
Informes de la Interpol revelaron que esta organización criminal estaba manejada por Rady Z., ciudadano de Oriente Medio, quien en la página oficial de este organismo internacional consta como fugitivo de la justicia de Ecuador y Siria por narcotráfico. En esta aparecen los datos personales del cabecilla, incluido fotografías en movimiento. En algunas se lo ve con cabello abultado y en otras no.
Tras descubrir las operaciones de esta mafia transnacional, Antinarcóticos montó el denominado Operativo Damasco y en el 2005 detuvo, en Quito y Guayaquil, a seis hombres, aunque Rady Z. se fugó de Ecuador. Luego de los operativos policiales, la Interpol hizo otra revelación: el prófugo también era investigado por Estados Unidos por posibles nexos con terroristas de Oriente Medio.
Pero hasta antes del Operativo Damasco, Rady Z. se movía entre la capital ecuatoriana y el Puerto Principal. En las dos ciudades armó una red de colaboradores y gente que reclutaba mulas para traficar droga al exterior en maletas con doble fondo, según la Fiscalía.
El extranjero operaba desde diferentes restaurantes que eran manejados por personas de su misma nacionalidad (uno estaba en el norte de Quito) y viajaba constantemente a Colombia. Para ello utilizaba varios nombres y cédulas falsificadas. Igual ocurría con sus hombres cercanos, también de Oriente Medio, pero estos con documentos ecuatorianos.
Wilson Toaínga es el fiscal que investigó este caso. Desde diciembre del año pasado, el funcionario dejó la Unidad de Delitos Transnacionales de la Fiscalía de Pichincha, pero por casos como el de Rady Z. dice que el crimen organizado está “muy arraigado en el país” y que “cada día va incrementándose”.
La detención del grupo de extranjeros, en marzo pasado, evidenció una supuesta presencia de células terroristas en Ecuador. Tres días después de la redada en Quito, seis de ellos fueron deportados a Estados Unidos y el ministro del Interior, Alfredo Vera, confirmó a este Diario que aquello se produjo porque los prisioneros tenían código rojo y eran pedidos por ese país.
El nombre de Ahmed A., uno de los aprehendidos por los agentes, coincide con otro que aparece en los archivos del FBI por vínculos con Osama bin Laden, líder de la organización Al Qaeda.
Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en EE.UU., el Gobierno de ese país publicó una lista de naciones en donde posiblemente actuaban brazos armados de Bin Laden y allí se incluyó a Ecuador.
Siete meses después, el entonces subsecretario de Estado de EE.UU., Richard Armitage, hizo una declaración tajante: “Tenemos en la zona fronteriza entre los tres países un pequeño problema con Al Qaeda y Hezbolá (organización de resistencia islámica, con la que Rady Z. tendría vínculos, según Interpol)”.
Luego dijo que el “Gobierno de Quito necesita ayuda estadounidense para combatir” a esos grupos. Y en el 2007 la DEA comprobó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenían vínculos con la red de Osama bin Laden. Los agentes de esa organización se hicieron pasar como insurgentes y tenían planificado negociar para que los hombres de Al Qaeda den seguridad para mover 500 kilos de coca desde África Occidental hasta España, a través de las rutas del Sahara.
Cuando en el 2002 habló Armitage, las autoridades ecuatorianas de ese entonces negaron la posible presencia de células terroristas en Ecuador. Ahora ocurre algo similar. El ministro Alfredo Vera dice que los seis deportados el 12 de marzo cometieron delitos en otros lugares, “no en Ecuador”. La cúpula policial ha manejado con hermetismo este tema y hasta ahora no se pronuncia al respecto.
Este Diario accedió al fallo que la jueza de Contravenciones de La Mariscal (centro-norte de Quito), Gladys Angos, emitió en este caso. En el documento de dos páginas se indica que Consuelo Tapia, quien como defensora pública patrocinó a Muhammad U., detenido en la redada policial, “no representa peligrosidad para la sociedad” y que debería permanecer en el país.
No obstante, la jueza ordenó su salida por “permanencia irregular”. Pero Diego Benítez, abogado de otro aprehendido, sostiene que la captura fue ilegal y reclama su liberación. Una funcionaria judicial confirmó a este Diario, que la Policía les alertó de que los extranjeros tenían código rojo únicamente después de finalizada la audiencia de deportaciones.
Esa funcionaria señaló que no podían entregar información, porque se trataba de un tema de seguridad nacional. Así lo catologó la Policía. El pedido de libertad que la Defensoría del Pueblo planteó para 24 de estos detenidos está en el Juzgado Tercero de Tránsito de Pichincha y pudiera tratarse entre hoy y mañana.
El caso Damasco se resolvió en el 2007. A las 17:30 del 27 de septiembre, el Tribunal IV de lo Penal de Pichincha emitió una sentencia en contra de seis cercanos colaboradores de Rady Z. y los sentenció a 12 años de reclusión mayor extraordinaria por tráfico internacional de drogas. Los hombres fueron llevados al pabellón de máxima seguridad del ex penal García Moreno, ubicado en el Centro Histórico de Quito.