A las 07:30 de ayer, alrededor de 60 guías penitenciarios del ex penal García Moreno (Centro Histórico de Quito) se negaron a rendir las pruebas físicas. Ellos argumentaron que su estabilidad laboral corre peligro ante esa disposición del Ministerio de Justicia.
En la puerta de dicho centro de rehabilitación social, se reunieron para dar a conocer su posición. Según Vitervo Coronado, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos de Rehabilitación Social (Fenspres), la medida no es una protesta ya que “solo están aplicando su derecho a la resistencia, amparados en la Constitución de la República”.
El dirigente agregó que en una asamblea, realizada el sábado anterior, la Fenspres resolvió “desconocer y no acatar el llamado a las pruebas a los funcionarios del Sistema de Rehabilitación Social por parte del sistema de justicia hasta que se haga público el conjunto de normas técnicas, métodos y procedimientos justos, imparciales y libres de arbitrariedad acordes a las funciones del servicio penitenciario nacional”.
La resolución cuenta con las 21 firmas de los dirigentes de la Fenspres a escala nacional.
Se tenía previsto que, a las 07:30 de ayer, un grupo de guías sea trasladado a las instalaciones de la Escuela de Inteligencia Conjunta, en Conocoto (valle de Los Chillos) para rendir las pruebas. Para Milton F., un guía con más de 25 años de servicio, las personas que bordean la tercera edad no pueden ser sometidas a las pruebas físicas. A su juicio, los funcionarios con más de 60 años tienen que salir con una indemnización justa, pero “nadie les ha dicho lo que va a pasar con ellos”.
De su lado, el celador Marlon J. señaló que primero se debería capacitar a los guías antes de tomar las pruebas. Otros celadores del ex penal estaban asustados porque el ministro de Justicia, José Serrano, afirmó en días anteriores que un 95% de guías saldrían.Ante estos problemas, Jean Daniel Valverde, director nacional de Rehabilitación Social, arribó al ex penal a las 08:00. Allí, el funcionario trató de calmar los ánimos reiterando que sí se respetará su derecho al trabajo. En lo que refiere a las evaluaciones físicas, añadió que “se necesita capacidad de reacción por el nivel de peligrosidad con el que trabajan”.
El autobús esperó hasta las 09:55. En este se subieron solo seis celadores, quienes fueron trasladados a Conocoto. En ese momento, los gritos de ¡traidores, traidores! se escuchaban en las afueras del centro carcelario.
Según el Ministerio de Justicia, “la protesta no tuvo acogida entre los 289 vigilantes de los centros de Rehabilitación Social de la capital y los exámenes físicos se realizaron a 105 guías”.
Javier Córdova, viceministro de esa Cartera de Estado, dijo que quienes no pasen las evaluaciones, obviamente tendrán que salir del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, pero “el Ministerio cumplirá con todas las obligaciones de ley ”.
El funcionario de dicha Cartera de Estado agregó que las pruebas continuarán y que la “única sanción para quienes no acudan a las evaluaciones serán sus malas calificaciones, que restarían las posibilidades de que sigan en sus puestos de trabajo”.