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170 causas recayeron en 9 jueces; sorteos son indagados

En junio pasado, la Fiscalía allanó las oficinas judiciales de los sorteos, en Guayas. Foto: cortesía

Los ataques al sistema informático del Consejo de la Judicatura (CJ) se ejecutaban en las noches y en las madrugadas. Así, personas que hasta ahora no han sido identificadas vulneraron el mecanismo para sortear los procesos legales y direccionaron esos expedientes a jueces específicos.

Documentos judicializados muestran que las anomalías se detectaron en tres provincias: Guayas, Pichincha y Santa Elena. Solo en la primera se perpetraron 212 sorteos fraudulentos en nueve meses. De esta forma, 170 procesos legales fueron direccionados a nueve jueces de Guayaquil.

¿Con qué finalidad? ¿Qué había detrás? La Fiscalía y la Policía rastrean cada caso.

Los magistrados que recibieron las causas, también son observados por la Judicatura y sus nombres aparecen en los expedientes de la Fiscalía.

EL COMERCIO accedió a los casos sorteados bajo un sistema sospechoso y allí se detalla que un solo magistrado gestionó 46 casos relacionados con acciones constitucionales, civiles, tributarias, penales, administrativas y procesos laborales.

Uno de los magistrados que recibió estos expedientes tramitó la libertad de un funcionario penitenciario a través de un habeas corpus.

Otro caso sorteado bajo estos mecanismos clandestinos tiene relación con una acción de protección de alguien que demandó a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio de Economía y a otra institución pública. Ese proceso data de mayo del 2020.

En la lista de causas identificadas, además, figuran procesos por actos de corrupción cometidos durante la emergencia sanitaria. Precisamente, la mayoría de causas fue sorteada entre abril y septiembre, los meses más álgidos de la pandemia.

Hoy, los pesquisas tratan de identificar a los responsables de los hackeos y a los funcionarios que colaboraron con la vulneración del sistema.

Peritos informáticos detectaron que una computadora de la unidad judicial del Cuartel Modelo de Guayaquil, servía como nexo para entrar al mecanismo oficial de sorteos.

Un agente, que ahora investiga estos hechos, sabe que alguna persona que tenía accesos a esa máquina, la dejaba encendida en las noches con un sistema activado para que otro se conecte a distancia. No se descarta que los trámites se realizaban desde Quito.

La Judicatura abrió expedientes administrativos contra 40 servidores judiciales.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, ordenó que en Guayaquil se realicen sorteos públicos para designar a los jueces que tramitarán casos puntuales.

Esta disposición llegó a la Dirección Provincial de la Judicatura del Guayas, por escrito. A través de un documento, se indicó que este proceso de transparencia se inicie con la designación del Tribunal que llevará el caso por presunto fraude procesal por el femicidio de Lisbeth Baquerizo. En esta causa hay seis procesados.

La familia de la joven ha denunciado públicamente presuntas irregularidades durante las investigaciones.

Entre esas está la falta de celeridad para detener al principal sospechoso de la muerte.

Él, actualmente, está prófugo. Lo mismo ocurre con el suegro y cuñado de la víctima.

Ellos también son indagados por presuntamente participar en acciones para impedir que el hecho se aclare.

Otro caso que se tramitó de la misma forma es el relacionado con la venta ilegal de insumos en los hospitales del IESS. Allí se procesa a Jacobo Bucaram y Daniel Salcedo.

La Corte busca evitar que existan anomalías en la designación de los jueces que presidirán el juicio.

El martes pasado se conoció que se nombró a los magistrados Fernando Lalama y José Cañizares, para que reemplacen en esta causa a las juezas Isabel León y Dora Vargas.

Estas últimas fueron recusadas por la defensa de los implicados el pasado 22 de julio.

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