Los conjueces Felipe Granda y Luis Pacheco comenzaron a despachar en la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Ellos reemplazan a Luis Abarca y a Máximo Ortega, magistrados destituidos por el Consejo de la Judicatura (CJ) el pasado 22 de abril.
La Corte encargó la oficina a Granda y a Pacheco (se suma el conjuez Luis Quiroz), hasta que se dirima si el CJ tenía competencia para las destituciones. En manos de los nuevos funcionarios se encuentran al menos cuatro casos polémicos. El primero es el juicio por gastos reservados contra el ex presidente Jamil Mahuad.
Otro es el caso Mochila Escolar contra el ex presidente Abdalá Bucaram. El tercero se sigue contra la ex ministra de Salud Caroline Chang, por supuestas irregularidades en la compra de 115 ambulancias. Se suma el caso Palo Azul, en donde están involucrados 27 ex funcionarios del Ministerio de Energía y Petroecuador.
El presidente de la Corte, José Vicente Troya, dice que los dos conjueces fueron convocados para impedir que los trámites se paralicen. Y aclaró que esto no significa reconocer la destitución de jueces, resuelta por el CJ.
En cambio, Benjamín Cevallos, presidente de este último organismo, reiteró que si los casos ameritan, seguirán las sanciones a magistrados de la Corte.
Por ahora, el CJ investiga el enfrentamiento físico que el pasado miércoles protagonizaron Félix Herrera, juez cuarto de lo Civil y Mercantil de Guayas, y Víctor Hugo Castillo, vocal del CJ.
Cevallos dijo que este hecho “afecta a la imagen del Consejo de la Judicatura”. Pidió informes.
El fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, dice que “eso debe ser fuertemente sancionado. No puede ser que un cuerpo colegiado de tan alta magistratura de esos espectáculos bárbaros”.
Freire señala que “todo tiene que resolverse dentro de la Ley y con el diálogo entre los funcionarios superiores e inferiores”.