En Quevedo la gente está desesperada. Toda la calle Patria Nueva del barrio Venus está llena de personas. Policías con chalecos antibalas y cascos se mantienen resguardando las inmediaciones de este sector.
Unos gritan y se empujan para llegar hasta los exteriores de la vivienda del representante de la supuesta plataforma financiera que opera en esta localidad de Los Ríos. Otros, en cambio, se reúnen y graban videos pidiendo al dueño de ese negocio que les regrese su capital. Ninguno ha presentado una denuncia formal.
“Tenemos fe de que los directivos aparezcan y empiecen a dar la plata”, asegura una mujer que hasta ayer, 14 de julio del 2021, esperaba la devolución de USD 8 000.
Dice que no inicia un proceso por miedo de perder todo. “Si denunciamos a la Fiscalía no vamos a recuperar. Así sucedió con la gente que invirtió con el notario Cabrera”.
Eso también lo confirma Paúl González. Él presidió la Junta Nacional de Perjudicados del caso Cabrera. 16 años después de esos hechos dice que ninguno de los 30 000 depositantes recuperó su dinero. “Todas las denuncias se archivaron”, señala.
La impunidad en este tipo de delitos no es un tema aislado. EL COMERCIO tuvo acceso a datos de la Fiscalía que revelan que desde el 2014, solo ocho de 673 denuncias por captación ilegal de dinero llegaron a una sentencia condenatoria.
El 91% de todos los casos se mantiene en una fase de investigación previa y el resto en otras etapas.
La familia de Lorena Carrillo es parte de esas estadísticas. Su madre invirtió hace cinco años en una supuesta plataforma financiera que le entregaba réditos mensuales por invertir.
La cuota mínima para ingresar al negocio era USD 200 y le prometían USD 50 de ganancia. Si invitaba a otras dos personas le daban USD 50 más por cada una. Todo era mensual.
“Hicimos la denuncia en la Fiscalía pero nos dijeron que el servidor era del extranjero y que era difícil descubrir a los estafadores”, dijo.
Una respuesta similar le dijeron a Rodolfo Bustamante cuando denunció que perdió USD 1 500 en otra supuesta plataforma financiera, que les aseguraba que el dinero se usaba para adquirir joyas. “Nos decían que mientras más personas ingresáramos nos daban más dinero y nos enviarían las joyas. Fue mentira”.
Todos estos hechos son indagados por unidades especializadas de la Fiscalía y de la Policía. Los agentes dicen que en su mayoría, las pirámides o plataformas financieras se promocionan a través de redes sociales y páginas que están en países de Centroamérica, Medio Oriente y Asia.
En estos casos, dicen los agentes, se complica rastrear la ruta del dinero o la ubicación de los sospechosos. Por eso, detallan que no hay más sentenciados.
No obstante, señalan que desde hace cuatro años este tipo de delitos se ha reducido. Ahora se concentran en denuncias en las que los captadores están en Ecuador.
Los investigadores rastrean por redes sociales las promociones de este tipo, luego verifican dónde están ubicadas y envían un equipo para identificar a los responsables.
Así fue como en el 2017 descubrieron una red en Cañar. Tres personas prometían a la gente USD 5 600 de ganancia si invertían USD 1 400 y llevaban cuatro personas más. Se hacía llamar el Telar de la Abundancia. La investigación descubrió que más de 70 personas entregaron su dinero y ninguno recibió lo prometido.
El juicio duró cerca de cuatro años. En enero pasado un juez dictó una condena de cinco años a la cabecilla.
La Defensoría del Pueblo conoce estos expedientes. Tiene informes de la poca celeridad que aplica la justicia en estos procesos que llegan a demorar años y al final las víctimas no recuperan su dinero.
Eso ocurrió a personas que confiaron en una plataforma llamada One Coin. Dieron su dinero a una mujer que les prometía una rentabilidad con base en un sistema de criptomonedas. Al final tres afectados la denunciaron y el juicio duró cuatro años. Un juez ordenó una condena de cinco años y una reparación de USD 10 000 para cada víctima. Nadie ha sido compensado.