Juan Vizueta, jurista y Cristina Reyes, asambleísta. Foto: Archivo EL COMERCIO
Nuevos actores se suman a las demandas de transparencia ante la supuesta contratación de la Secretaría de Inteligencia (Senain) a la empresa italiana Hacking Team, que vende software de ciberespionaje. La información se reveló después de que se filtrara información y correos electrónicos de la compañía, con sede en Milán, y que fueron publicados por la organización Wikileaks.
Ayer, el jurista Juan Vizueta anunció que presentará una acción judicial en nombre de Karla Escobar, exdirectora nacional del movimiento Creo, quien presuntamente era una de las personas intervenidas. “Vamos a acudir a pedir información a través de un llamado a confesión judicial al secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo”, aseguró.
Según Vizueta, es necesario que el tema se aclare pues podrían haberse vulnerado derechos de los ecuatorianos.
Pedro Granja, también miembro de la Federación de Abogados, patrocinará a Martha Roldós, cuyos correos electrónicos fueron publicados en el diario público El Telégrafo.
El viernes pasado, la Senain negó cualquier vínculo “contractual” con Hacking Team y, mediante un boletín, aseguró que “no se volverá a pronunciar sobre este caso”.
Mediante una carta dirigida a la Presidencia del Legislativo, la asambleísta Cristina Reyes (PSC) también solicitó información sobre varios contratos que la Senain ha realizado e información adicional sobre las actividades de esa entidad.
“¿Con qué fin utilizan los equipos que estarían instalados en la Senain en Lumbisí (exteriores de Quito)?”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.
De su lado, el asambleísta Ramiro Aguilar (exSUMA) exigió cuentas sobre los recursos asignados a la Secretaría desde el Presupuesto General del Estado y un detalle sobre los proyectos de inversión.
Para este miércoles, está previsto que Vallejo presente su rendición de cuentas anual ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.
Hacking Team en Perú
La filtración de correos electrónicos de Wikileaks revela que Hacking Team mantuvo contacto con la Policía, las Fuerzas Armadas y la Dirección de Inteligencia de Perú.
Según esto, el jefe de la Dirección policial Antidrogas (Dirandro) en 2012, Walter Sánchez, se reunió en Lima con representantes de la empresa para una demostración de “un paquete de herramientas de hacking para interceptaciones gubernamentales”.
Desde julio de ese año, las negociaciones continuaron, según consta en una docena de correos enviados entre agosto y noviembre de ese año. En cada correo aumenta el desconcierto de Hacking Team ante los requerimientos de los representantes de la PNP.
En el intercambio de mails, se muestra que los italianos se mostraron particularmente desconcertados por el pedido de Perú de entregar un ‘back up’ del sistema en DVD y que la compra incluyera unas 50 computadoras para manejar el programa.
El precio fijado fue de USD 2 millones pero no existe más evidencia, en Wikileaks, de que estas negociaciones hayan llegado a buen puerto.
