El Consejo de la Judicatura (CJ) anunció hoy, lunes 9 de agosto del 2021, que inició sumarios disciplinarios en contra de servidores judiciales involucrados en presuntas irregularidades en el sorteo de las causas presentadas por Jorge Yunda sobre el proceso de remoción del que fue objeto en el Cabildo. Además, alerta de acciones de las que llama “estructuras delincuenciales”.
Yunda había presentado una acción de protección cuyo estudio recayó en la jueza Belén Domínguez. Yunda consideraba que sus derechos constitucionales habían sido inobservados durante el proceso de remoción del que fue objeto el 3 de junio en el Concejo Metropolitano de Quito.
La jueza concedió parcialmente la acción de protección, decisión que fue apelada, tanto por Yunda como por los concejales aludidos en su demanda. El caso fue resuelto por un Tribunal de la Corte Provincial que, el viernes 30 de julio, ratificó lo actuado por la jueza de primera instancia pero, además, echó abajo el proceso de remoción.
Yunda también presentó, el 7 de julio, un pedido de medidas cautelares para dejar sin efecto la remoción hasta que la Corte Provincial resolviera las apelaciones. Esa medida cautelar fue otorgada por el juez Carlos Soto, pero le fue revocada el 19 de julio.
El 8 de julio, el Consejo de la Judicatura había indicado que investigaría presuntas irregularidades en el proceso de sorteo de los casos.
En el comunicado de este 9 de agosto, el CJ informa que tras 17 días hábiles que duraron las investigaciones, el 3 de agosto se decidió iniciar sumarios disciplinarios “en contra de todos los servidores judiciales involucrados”. No se especifica cuántos son. Sí se menciona más adelante que, tras varias diligencias, se vio en la necesidad de incluir a dos servidores más en las investigaciones.
El CJ dijo que los sumarios fueron iniciados por la Dirección Provincial de Pichincha en el Ámbito Disciplinario.
Se indica también que sirvieron de insumos los informes solicitados a la Dirección Provincial de Pichincha así como a las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Gestión Procesal y, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CJ.
Al final del comunicado, se hace una advertencia. “El CJ alerta al país”, dice el texto, “que estructuras delincuenciales, que empiezan a salir a la luz, pretenden desviar la atención de la ciudadanía hacia este organismo y sus autoridades, en lugar de los verdaderos responsables; por ello, se hace un llamado para que se denuncie todo acto de corrupción que ponga en tela de duda el accionar de cualquier servidor judicial, en este, y en todos los casos”.
También indica que ha brindado todo apoyo a la Fiscalía General para que se esclarezcan estas acciones y sus posibles responsables. Indica que se ha facilitado el acceso para que se lleve a cabo un peritaje al sistema informático de la institución.
Los sumarios disciplinarios
La investigación inicial que desarrolla el CJ ante un caso en el que se sospecha de irregularidades busca recabar información confiable que lleve a determinar si amerita o no seguir un sumario disciplinario a un funcionario judicial. En este caso -tras 17 días de investigación, según refiere el comunicado- se hallaron elementos suficientes para empezar el proceso de cara a una posible sanción.
Gabriel Ponce, abogado penalista, explica que, según los casos, las sanciones pueden ser verbales, escritas o pueden también implicar la destitución.
Los funcionarios que lleguen a ser sancionados pueden presentar un acta de apelación.
El tiempo de duración del proceso disciplinario varía entre dos meses y un año; ahí tienen que ventilarse pruebas y descargos. Ponce considera que este caso se resolverá con mayor celeridad.
Sobre las “estructuras delincuenciales” de las que habla el CJ en su comunicado, Ponce considera que debe desarrollarse una reforma “de manera constitucional y legal, iniciando con los jueces y personal colaborativo, para evitar irregularidades en los procesos judiciales”.