Una vez más, un inconveniente ligado a la defensa de Jorge Glas impidió la continuación del proceso judicial que lo involucra por presunto peculado en la reconstrucción de Manabí. Estaba previsto que la audiencia preparatoria de juicio se reinstale la tarde del jueves 27 de marzo; sin embargo, una complicación médica de su abogado obligó a posponer la diligencia una semana más.
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En lugar de realizarse en la fecha establecida, el acto judicial fue reconvocado para el viernes 4 de abril. La reprogramación se justificó con un certificado médico que detalla el diagnóstico de neumonía bacteriana del defensor de Glas, quien presenta fiebre alta y dificultades respiratorias.
Conjuez acepta diferimiento, pero atribuye la demora a Jorge Glas
El conjuez Marco Aguirre acogió la solicitud presentada por el exvicepresidente, aunque aclaró que la demora será atribuida directamente a Glas. De este modo, se hace uso del numeral 6 del artículo correspondiente a la caducidad de la prisión preventiva, que estipula condiciones para mantenerla vigente.
Acorde con esta disposición, si el acusado obstaculiza el curso del proceso mediante acciones no atribuibles a la justicia, los plazos se suspenden automáticamente. En consecuencia, la orden de prisión preventiva en contra de Glas se mantiene en firme mientras se reinicia la diligencia.
En un escrito enviado por el propio Glas, se detalla que su abogado experimentó desde el 25 de marzo síntomas como fiebre y dificultad para hablar. Un médico de confianza le diagnosticó neumonía bacteriana y recomendó reposo, mascarilla y aislamiento por al menos tres días.
No es la primera vez que un evento externo a la justicia interfiere en esta etapa del proceso. Ya antes, reprogramaron la audiencia prevista para el 7 de marzo y la trasladaron al 10 de ese mismo mes, también por una ausencia justificada del abogado defensor de Glas.
Fiscalía insiste en juicio para Jorge Glas y otros ocho acusados
La fiscalía sostiene que Jorge Glas, junto con otros ocho exfuncionarios, incurrió en peculado al desviar fondos públicos durante la emergencia por el terremoto de 2016. La acusación se basa en que priorizaron obras que no estaban dirigidas a las necesidades urgentes de las provincias afectadas, como Manabí y Esmeraldas.
A juicio del fiscal subrogante Wilson Toainga, las decisiones tomadas por los exfuncionarios respondían a intereses personales y no al contexto de emergencia. Por eso, pidió al conjuez Aguirre que emita un auto de llamamiento a juicio contra todos como autores directos del delito.
La Fiscalía expuso su dictamen el pasado 14 de marzo y ahora falta que la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana se pronuncien como acusadores particulares. Posteriormente, las defensas de los procesados tendrán la oportunidad de rebatir los argumentos de la Fiscalía.
Entre los procesados figuran, además de Glas, Carlos Bernal, Walter Solís, y seis exfuncionarios más que participaron en la administración de los fondos de la Ley de Solidaridad.
