El caso de Paola llega a la Corte IDH 18 años después de su muerte
El caso llegó a la Corte Interamericana, con sede en San José, por primera vez en 2006, pero solo en 2015 se celebró la primera audiencia. Foto: Captura
Cariñosa y risueña. Paola Guzmán Albarracín soñaba con ser secretaria y trabajar algún día en una empresa. Era el anhelo que había compartido a su mamá Petita. Pero no pudo alcanzarlo.
Tenía 14 años cuando comenzó a tener problemas en dos materias y enfrentaba la posibilidad de repetir el año. Fue entonces que el vicerrector del plantel donde estudiaba, un hombre de 65 años de edad, le ofreció ayuda a cambio de que saliera con él.
“Ella estaba apagada, triste. Lo único que dijo es que nada pasaba”, recordó la madre en San José, Costa Rica, días antes de la audiencia de juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La historia de su hija es el primer caso de violencia sexual en el contexto educativo que llega a esta instancia este martes 28 de enero del 2020.
Llegar hasta aquí ha representado para doña Petita 18 años de dolor. Paola se quitó la vida el 12 de diciembre del 2002, dos días después de cumplir 16 años. Esa mañana, antes de ir al colegio, había ingerido fósforo blanco (diablillos).
El testimonio de sus compañeras de aula reveló la pesadilla que había vivido por dos años, una pesadilla que corría como rumores por los pasillos del colegio sin que nadie hiciera nada.
Paola fue víctima de abuso y acoso sexual por parte de una autoridad del plantel. A los 16 años supo que estaba embarazada y el vicerrector le dio dinero para que comprara una medicina abortiva y la indujo a buscar asistencia con un médico del colegio, quien a cambio le pidió mantener relaciones sexuales.
Así lo indica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que concluyó que Paola “fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña” y “que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida”. También menciona una serie de acciones y omisiones del plantel que contribuyeron al desenlace fatal, por lo que responsabiliza al Estado ecuatoriano.
Un comunicado la Procuraduría General del Estado señala que “una vez que se conoció del hecho, (Paola) fue tratada médicamente, pero no fue posible salvar su vida”.
Cuando la joven confesó que había ingerido diablillos, sus amigas la llevaron a la enfermería del colegio. Su madre no fue informada de inmediato y cuando lo supo llevó a Paola dos hospitales, pero falleció debido a la intoxicación.
“En 18 años no se ha hecho justicia en el país -dice Lita Martínez, presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam)-. Se dijo de manera irresponsable que ella fue la que sedujo y buscó esta situación, cuando es impensable. El que hizo uso del poder arbitrario fue el vicerrector y no ha tenido sanción. El caso prescribió y sigue con su vida normal”, agrega la abogada, parte del equipo de defensa de doña Petita.
Para esta madre, la lucha en busca de justicia empezó en el 2003. En ese año hubo un dictamen acusatorio por presunto acoso sexual e instigación al suicidio contra el vicerrector, pero un juez negó el pedido de prisión preventiva.
Un año después se dispuso su captura, pero estuvo prófugo. Fue destituido del plantel por ‘abandono del cargo’ y se le impuso una indemnización por USD 25 000 por daño moral a favor de doña Petita, un monto que nunca pagó porque huyó.
“Ha sido un proceso muy largo -se lamenta la madre de Paola-. En lo penal hubo cambio de jueces; y en lo educativo fue terrible porque sentí humillación (…). Debieron coger a cómplices y encubridores, porque todos sabían en el colegio”.
Para la Procuraduría, los hechos en la parte penal no pudieron ser aclarados. “La investigación penal para esclarecer un posible acoso sexual o estupro de los cuales pudo haber sido víctima por parte de una autoridad del colegio, no pudo ser esclarecida en sede nacional, debido a que una vez emitido el auto de llamamiento a juicio, el acusado se encontraba prófugo”, cita el comunicado de la entidad.
El caso de Paola fue presentado en 2006 ante la CIDH por Cepam Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos de Colombia. Dos años más tarde fue declarado prescrito, según la normativa ecuatoriana. Pero ese mismo año la Comisión aceptó analizarlo.
En el 2018 emitió el informe No. 110/18, en el que concluye que el Estado ecuatoriano “es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y la dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia”, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 11, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También hizo recomendaciones, pero no se cumplieron.
Este martes 28 de enero, a partir de las 10:00, el Estado y la defensa de Paola comparecerán en audiencia pública. “Ha sido una lucha tan grande y de todas maneras no tengo a mi hija a mi lado -dice con tristeza doña Petita-. Esta lucha no me va a beneficiar ni me la devolverá con vida, pero sí impedirá que esto le ocurra a otras niñas”.
Los colectivos de defensa de derechos de las mujeres y feministas se han autoconvocado este 28 de enero para realizar la performance 'Un violador en tu camino' en distintas ciudades del Ecuador a para exigir justicia en el caso de Paola.
Las organizaciones y activistas han emitido mensajes de la convocatoria, en donde señalan que se reunirán a las 14:00 de este martes frente al Ministerio de Educación en Quito, en la calle Atahualpa y avenida Amazonas. En Guayaquil, la cita será en la Fiscalía La Merced, en las calles General Córdova y Víctor Manuel Rendón; mientras que en Cuenca, el plantón será en el Parque Calderón.
