El proceso judicial en contra del informático sueco, Ola Bini, lleva más de tres años activo y aún no se resuelve. La causa arrancó en abril del 2019 con la formulación de cargos y actualmente aún sigue en la etapa de juicio.
En esa fase del proceso penal, un Tribunal determinará si Ola Bini, amigo de Julian Assange, es declarado o no culpable del delito de acceso no consentido a un sistema telemático.
La audiencia de juzgamiento arrancó el 19 de enero de 2022. Se desarrolló durante tres días y se suspendió porque los jueces, que conforman el Tribunal, tenían otras diligencias agendadas.
El juicio se reanudó el 16 de mayo del 2022 y durante cinco días consecutivos la Fiscalía y la defensa de Bini han presentado sus pruebas.
La última audiencia de juicio de este caso se desarrolló de 20 de mayo del 2022. Tras ocho horas, el Tribunal suspendió la diligencia y dijo que notificará la fecha de reinstalación para que la defensa del sueco siga exponiendo sus evidencias.
Número de evidencias
Por ejemplo, la Fiscalía dijo que presentó 10 pruebas testimoniales, siete periciales y 25 documentales para demostrar que Bini cometió el ilícito.
Según la entidad investigadora, el informático extranjero accedió, sin autorización, al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), “sin consentimiento de dicha entidad estatal”.
La Fiscalía sostiene que el objetivo de Bini al acceder a ese sistema informático era “explotar ilegítimamente el acceso logrado e intentar obtener información del contenido digital del sitio alterno de contingencia de los sistemas críticos de la Presidencia de la República, ubicado físicamente en el edificio La Previsora, en Guayaquil”.
El delito de acceso no consentido a un sistema informático es sancionado con cárcel de tres a cinco años. Así lo establece el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En cambio, el abogado de Bini, Carlos Soria, dijo que tiene previsto presentar más de 100 pruebas testimoniales, periciales y documentales a favor de su cliente.
El defensor dice que “este caso obedece a una persecución política que inició en el gobierno de Lenín Moreno”. Además, aseguró que las pruebas demostrarán que Bini no cometió el delito.
Además, Soria asegura que en este proceso judicial se han cometido más de 100 violaciones al debido proceso y se han registrados presuntas irregularidades.