Este lunes 7 de octubre de 2024 se inició la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de 37 procesados en el presunto delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. El juez Manuel Cabrera tomó una resolución en este proceso.
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La fiscal general, Diana Salazar, se conectó de manera telemática a la audiencia que empezó cerca de las 14:00 en la Corte Nacional de Justicia.
El juez Manuel Cabrera emitió su resolución en el caso Metástasis luego de una extensa audiencia que tuvo lugar en el marco de la etapa preparatoria de juicio. Este caso involucra a más de 30 procesados, acusados de participar en una supuesta red criminal dedicada a cometer delitos como cohecho, fraude procesal y tráfico de influencias dentro del sistema judicial ecuatoriano.
El pronunciamiento del juez Cabrera incluyó la revisión de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, así como la determinación de quiénes pasarán a la etapa de juicio.
Entre los procesados que enfrentarán juicio se encuentran Sofía G., Cristian R., Manuel Á., Xavier N., Kevin P., Wilman T. y otros. El juez aclaró que su resolución no constituye un juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia de los procesados, sino que se basa en la suficiencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía y en la normativa vigente.
Acusaciones y presunta estructura delictiva
La Fiscalía General del Estado ha señalado que la organización criminal habría operado desde mayo de 2022. Según las investigaciones, esta red supuestamente coordinaba acciones ilícitas para obtener resoluciones judiciales favorables mediante sobornos a jueces y funcionarios judiciales.
Entre las actividades señaladas están la manipulación de decisiones judiciales en procesos penales y el tráfico de influencias para modificar medidas cautelares de detenidos.
En la audiencia, el juez Manuel Cabrera explicó que los elementos presentados por la Fiscalía incluyen registros bancarios, comunicaciones interceptadas y testimonios que sugieren la existencia de un grupo estructurado de personas que operaba de manera coordinada.
Sofía G. habría sido una de las principales personas de contacto, mientras que Cristian R. y Manuel Á. supuestamente se encargaban de ejecutar los pagos y coordinar las actividades ilícitas. Los procesados fueron acusados de participar en una organización destinada a la obtención de beneficios económicos a cambio de influir en decisiones judiciales.
Revisión de pruebas, admisión y exclusión
Uno de los aspectos más importantes de la audiencia fue la revisión de los medios probatorios presentados por la Fiscalía. Las defensas de varios procesados solicitaron excluir ciertos elementos, argumentando que se obtuvieron fuera del plazo de instrucción fiscal o que no cumplían con los requisitos legales.
El juez Cabrera explicó que la normativa aplicable establece que las pruebas obtenidas después del cierre de instrucción pueden ser admitidas si se demuestra que su tardanza no fue imputable a las partes.
Entre los elementos aceptados se incluyeron comunicaciones interceptadas de dispositivos móviles incautados a los procesados, así como registros de transferencias bancarias. Según la Fiscalía, estas pruebas corroboran los movimientos financieros que supuestamente formaban parte de la red de sobornos.
Asimismo, se admitieron documentos obtenidos mediante asistencia judicial internacional, especialmente desde Colombia, que según la acusación, contienen información relevante sobre las actividades de la red delictiva.
Sin embargo, el juez Cabrera también determinó que algunos elementos probatorios debían ser excluidos. En particular, rechazó ciertas pruebas documentales que no cumplían con los estándares establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas pruebas fueron consideradas impertinentes o inconsistentes en relación con los hechos acusados.
Procesados exonerados de la etapa de juicio
Durante la audiencia, el juez anunció que varios procesados no enfrentarán la etapa de juicio debido a la falta de pruebas suficientes. Entre los procesados que fueron exonerados de continuar en el proceso se encuentran:
- Alejandra D.
- Yanina V.
- Elio A.
- Glenda O.
- José Luis S.
- Rommel T.
- Santiago Z.
En la resolución, el juez indicó que los registros y testimonios presentados no demostraban de manera clara la participación de estos procesados en los actos ilícitos descritos. Alejandra D. también fue sobreseída.
Por esta razón, el juez dictó la no continuación de la causa para ellos. Sin embargo, se aclaró que esta decisión no implica una absolución definitiva, sino que en esta etapa procesal no se encontraron pruebas suficientes para llevarlos a juicio.
Elementos clave de la acusación
Entre los elementos presentados por la Fiscalía, se destacan varias transferencias bancarias y registros de comunicaciones que presuntamente involucran a los principales acusados en la organización delictiva.
La investigación también incluyó testimonios de terceros que habrían participado en las transacciones ilícitas. Estos elementos se analizaron en la audiencia y forman parte de la base de la acusación.
Los registros bancarios presentados indican la existencia de transferencias por montos significativos realizadas entre cuentas de los procesados. Estas transferencias, según la Fiscalía, corresponden a pagos destinados a influir en decisiones judiciales relacionadas con medidas cautelares y otros beneficios para ciertos detenidos.
Además, las comunicaciones interceptadas revelan, según la acusación, conversaciones en las que se discuten montos y plazos para ejecutar los pagos.
Llamados a juicio
En su resolución, el juez Manuel Cabrera decidió llamar a juicio a varios de los procesados, basándose en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Entre los principales acusados que enfrentarán el juicio están Sofía G., Cristian R., Manuel Á., Xavier N., y Kevin P.
Según la acusación, estos procesados habrían jugado roles clave dentro de la estructura de la organización delictiva. La Fiscalía presentó registros bancarios y comunicaciones que, según el expediente, revelan cómo estos procesados habrían coordinado pagos y sobornos a jueces y funcionarios judiciales para obtener decisiones favorables.
Además, Ronny A., Claudia G., Pablo R., Wilman T., y María J. A. también fueron llamados a juicio. La acusación contra ellos incluye participación en actividades ilícitas que, según la Fiscalía, formaban parte del esquema de corrupción judicial.
Los elementos presentados incluyen pruebas documentales y periciales que respaldan las acusaciones. En la siguiente etapa, estos procesados deberán enfrentar el juicio donde se determinará su posible responsabilidad penal.
Testimonios y registros de comunicaciones
El juez también destacó el testimonio de Claudia G., quien habría participado en varias conversaciones relacionadas con la obtención de beneficios penitenciarios para miembros de la organización, entre ellos Leandro N.. Estas conversaciones y visitas fueron corroboradas con registros de ingresos al centro penitenciario y otros documentos.
En este contexto, las comunicaciones interceptadas sugieren que varios funcionarios penitenciarios colaboraban en facilitar condiciones favorables para los internos, gestionando el ingreso de objetos prohibidos y otros beneficios.
Según las pruebas periciales, las voces en las grabaciones coinciden con las de varios procesados, lo que refuerza la hipótesis fiscal.