La Fiscalía solicitó fecha y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Las Malvinas, este jueves 1 de mayo de 2025.
En este caso, 17 militares son procesados por el presunto delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil el 8 de diciembre de 2024.
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El 8 de diciembre de 2024, Ismael A. de 15 años, Josué A. de 14 años, Nehemías A. de 15 años y Steven M. de 11 años, desaparecieron en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, después de salir de jugar un partido de fútbol.
El 9 de diciembre de 2024, la Fiscalía inició una investigación por el presunto secuestro de los menores, tras la denuncia presentada por el padre de una de las víctimas.
El 24 de diciembre, se encontraron cuatro cuerpos calcinados cerca de la base militar de Taura y al día siguiente se confirmó que eran de los cuatro menores.
Presunta desaparición forzada
El 31 de diciembre, la Fiscalía vinculó a 16 militares al caso Las Malvinas por el presunto delito de desaparición forzada de los cuatro menores.
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El juez Dennis Ugalde ordenó prisión preventiva para los acusados y estableció un período de instrucción fiscal de 90 días para avanzar en la investigación.
Fiscalía pidió la ampliación de la instrucción a 120 días, posteriormente.
Los militares dijeron que liberaron a los menores en la zona de Taura, negaron actos de violencia.
Los 16 militares están en la cárcel de Latacunga.
Luego, más de una vez pidieron el cambio de la prisión preventiva por la defensa en libertad, pero la justicia les negó la solicitud y ratificó la medida cautelar.
La reconstrucción de los hechos del caso Las Malvinas se realizó entre la noche del 16 de marzo y la madrugada del 17 de marzo de este año.
El 28 de marzo de 2025, un informe de autopsia reveló que los cuatro menores murieron por disparos violentos.
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Según el informe, al menos tres de los menores recibieron impactos de bala en la cabeza y espalda, sugiriendo que fueron ejecutados de espaldas mientras estaban de rodillas.
El Comité de Derechos Humanos, que actúa como defensa de los familiares, solicito una ampliación del informe para determinar posibles torturas.
Alias Momo
El 31 de marzo, alias “Momo”, mencionado en el caso Las Malvinas fue capturado en un operativo policial en la parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, mientras intentaba huir.
Un testigo afirmó que él dio la orden de quemar los cuerpos de los menores.
Vinculación de un teniente coronel de la FAE
El 11 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado vinculó al teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Juan Francisco I., al caso.
El teniente coronel habría omitido entregar información de manera oportuna, lo que obstaculizó la búsqueda de las víctimas, según Fiscalía.
El juez a cargo dictó prohibición de salir del país, la presentación periódica dos veces por semana ante la Fiscalía Provincial del Guayas.
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Además, la retención de sus cuentas bancarias en el Sistema Financiero Nacional y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles en todo el territorio nacional.
La justicia procesa a un total de 17 militares.
Nueva reconstrucción de los hechos
En una nueva reconstrucción de los hechos, cuatro militares recrearon la noche del 8 de diciembre.
Uno de los militares dio a conocer que existieron golpes, correazos y patadas a los menores, se disparó al piso cerca de uno de los menores.
Los investigadores encontraron vestimenta que sería de los menores.
La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio
Tras 120 días de instrucción fiscal, la Fiscalía solicitó el inicio de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio contra los 17 militares procesados en este caso.
El Fiscal del caso pidió que se fije fecha y hora para la misma.
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En esta audiencia, el juez evalúa los elementos de convicción presentados y si lo actuado en todo el proceso tiene validez.
Una vez resuelto esto, da inicio a la parte preparatoria del juicio, en el que decide si los procesados van o no a la audiencia de juicio, en el caso Las Malvinas, por presunta desaparición forzada.
Según el Código Orgánico Integral Penal (Coip), el delito de desaparición forzada podría implicar una pena de hasta 35 años de prisión.
