El coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, fue retenido ayer a las 09:00, en la Policía Judicial. Su detención fue por orden del juez XXII de Garantías Penales, Juan Pablo Hernández, dentro del proceso por presunto intento de magnicidio contra el presidente Rafael Correa.
La inculpación contra Carrión se basó solo en afirmaciones de presuntos testigos de que el funcionario impidió el acceso del Primer Mandatario hacia la casa asistencial policial, durante la revuelta del 30 de septiembre. Para anoche, a las 21:00, estaba prevista la audiencia de formulación de cargos en su contra.A su vez un video y tres fotografías fueron las evidencias en que se basó la decisión del mismo juez Juan Pablo Hernández para ordenó la detención provisional del agente Giovanny Chancusi. Tras la audiencia del 11 de octubre, el uniformado quedó con detención provincial de 90 días.
La filmación, que fuera entregada por Ecuador TV, fue proyectada durante la audiencia de formulación de cargos, el 11 de octubre. Allí apenas se alcanzó a ver a una persona que, entre la multitud, intentó retirar la máscara antigases del presidente Rafael Correa, en el Regimiento Quito.
Esas no son pruebas suficientes para que en la audiencia de formulación de cargos el fiscal pida la apertura de una instrucción fiscal. Esa es la sentencia del jurista Ernesto López. “ Pero el juez será quien decida”.
Sin embargo, “cómo saber si los jueces de lo penal van a proceder contra de los policías, no por exceso de pruebas, sino porque le tienen miedo al Cevallos (Rodrigo Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura) y al Gobierno”. Agregó que el temor se debe a que “por pedido del Gobierno pasando una o dos semanas, el Presidente del Consejo de la Judicatura , se suspende a un juez que actúa en forma independiente”.
Tras la audiencia de formulación de cargos contra Fidel Araujo, uno de los civiles detenidos por inculpación en presunto delito de incitación a la rebelión, el juez Santiago Coba decidió prisión preventiva por 90 días.
La principal consideración de Coba fue que el acusado no justificó el arraigo social o familiar (presentó facturas de servicios básicos a nombre de su padre).
Igual, durante la audiencia de los policías Luis Francisco Montecé y Luis Arturo Beltrán, el fiscal Jorge Cano presentó como evidencias videos en los que apenas se vio al primer inculpado. Pero la jueza X de Garantías Penales, Rita Bravo, dictó orden de prisión para ambos uniformados.
No obstante, los expertos en leyes penales aseguran que se estaría violentando el Debido Proceso en las instrucciones contra los uniformados. Contra 17 de ellos, los jueces dictaron órdenes de prisión preventiva, especialmente por considerar que no hay garantías de arraigo para asegurar su permanencia en el país durante los procesos en su contra.
Pero los especialistas insisten que su sola pertenencia a la Institución Policial es suficiente justificación de arraigo. Si un uniformado inculpado llegara a abandonar el país incurriría en una falta más grave: la deserción.
En tanto, según Édgar Pavón, abogado de Fidel Araujo, el proceso contra su defendido incurre en varios vacíos. “El principal es la recepción de la versión sobre el 30-S del supuesto testigo protegido sin que la defensa del inculpado esté presente”.
Pavón aseguró que las inculpaciones se basan solo en versiones de funcionarios del Estado. El fiscal del caso, Miguel Jiménez, argumentó, por ejemplo, que el 30-S Araujo usaba chaleco antibalas, pero no fue convincente. También se le decomisó un celular, a través del cual, supuestamente, hizo llamadas incitando a la rebelión. Hasta ayer no estaba lista la transcripción de las conversaciones que habría tenido Araujo antes y durante el 30 de septiembre.
Según Pavón, “Estas evidencias no son contundentes, de allí que habría la posibilidad de apelar. la decisión. Incluso analizamos la posibilidad de pedir una revocatoria a la orden de prisión”.
Asimismo, la … del Chancusi fue evidente cuando, en su intervención en la audiencia, se lamentó “por el daño moral que están causando a mi pequeña hija, a mi familia y a mí”. Incluso alegó no ser el que aparecía en el video en el intento de retirar la máscara antigases al Primer Mandatario. “El de la foto es más delgado y por pertenecer al grupo de Tránsito no tengo el uniforme que usan los agentes motorizados, como aquel que se observa en la foto”.
Frente a esta situación, los juristas temen que si no se demuestra la responsabilidad de los hechos, estos pudieran demandar del Estado una reparación por daños.