Un Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas sentenció a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos a Josselyn V. y Ángel V., quienes se hicieron pasar como beneficiarios del bono de desarrollo humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para cobrarlo ilícitamente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la sentencia el martes 12 de julio del 2021 mediante un comunicado.
Según las investigaciones del Ministerio Público, entre 2014 y 2018 un grupo de personas “establecieron un sistema para cobrar el Bono de Desarrollo Humano” otorgado por el MIES y se hacían pasar por beneficiarios, algunos de ellos incluso ya fallecidos.
Tras recabar posibles responsabilidades Fiscalía y Policía Nacional realizaron en diciembre de 2019 allanamientos en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, cantones de la provincia de Pichincha; y en Santo Domingo, capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En la audiencia de juicio el fiscal del caso, Ángel García, presentó ante el Tribunal pruebas que sustentan la culpabilidad de los ahora sentenciados. Entre estos constan los informes de la situación tributaria de los procesados desde 2013 hasta 2018, documentos emitidos por diferentes entidades bancarias, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros.
Además se incluyeron “informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que determinaron movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, quienes utilizaron sus cuentas en el sistema financiero nacional para transferir el dinero producto del delito”.
Después de conocer las evidencias los jueces determinaron que las dos personas cobraron irregularmente USD 4 093 660. Este momento, señala FGE, fue establecido por el Tribunal; Fiscalía encontró que el perjuicio superaba los USD 5 millones entre los dos juzgados.
Con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) Josselyn V. y Ángel V. fueron sentenciados a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos.
Tres personas más vinculadas al caso, Wilmer V., Silvia A. y Melba E., fueron declaradas inocentes. No obstante los jueces solicitaron a Fiscalía iniciar una investigación por un presunto delito tributario “al haber encontrado indicios de su responsabilidad en esa infracción”.