22 de July de 2012 00:01

Las calificaciones de los aspirantes a jueces generan dudas y críticas...

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La experiencia de los jueces no fue determinante para ganar el concurso que busca llenar 313 vacantes en juzgados y tribunales de primer nivel, convocado el pasado 5 de febrero. El Consejo de la Judicatura priorizó la prueba calificada de un curso de 12 días sobre formación inicial para llenar las plazas.

Los actuales jueces y la mayoría de funcionarios de carrera fueron descalificados. De los 210 postulantes que se posesionan progresivamente solo el 20% son jueces y servidores en funciones.

El proceso es duramente cuestionado. Tras la publicación de la lista de ganadores, 87 jueces aspirantes enviaron sus reclamos al Consejo por las descalificaciones, el pasado 26 de junio.

Pero sus reclamos fueron bloqueados. 15 días después el departamento de Talento Humano de la Judicatura contestó por correo electrónico: “El curso, eminentemente práctico (curso de formación), será calificado y evaluado sobre 20 puntos y no será susceptible a recalificación”.

Ante la serie de quejas, incluso, la Veeduría Internacional, coordinada por el juez español Baltasar Garzón, se pronunció.

El 13 de julio del 2012, Garzón, coordinador de la Veeduría, emitió el oficio 079-CGTVI-2012. En este documento formuló dos recomendaciones sobre las observaciones que recogió en su visita al país, el 10 de julio.

En la primera sugiere al Consejo de Transición que los postulantes del concurso denominado 313 “que hayan sido excluidos de la designación tengan acceso con un espacio no inferior a cinco días para revisar sus exámenes y pruebas, con el fin de que si su derecho conviene puedan formular con todas las garantías la correspondiente reclamación”.

En el segundo punto del informe, la Veeduría Internacional propone la creación de un organismo para revisar las impugnaciones. Este debería estar integrado por un representante o delegado del Consejo de la Judicatura de Transición, del Consejo de Participación Ciudadana, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo.

En el documento también constan las firmas de los veedores Marigen Hornhkol (Chile) y Danierl Gurzi (Argentina).

El filtro a los judiciales

Para ganar el concurso, los aspirantes debieron superar tres etapas valoradas en 80 puntos: méritos (15 puntos), prueba teórica (30), prueba práctica y relación motivada (35). Pero además y para esta competencia, en particular, debieron realizar el curso, cuya nota mínima para aprobarlo era 16 sobre 20 puntos. El 80% de funcionarios judiciales no pasó.

También hay críticas al reglamento, que fue modificado tres veces. El primer cambio se hizo específicamente para este concurso. Para convocatorias anteriores la puntuación mínima para superar las fases de méritos y oposición era el 70%.

En el artículo 28 de la resolución No. 005-2012 se modificó este porcentaje para que los postulantes que hayan superado, al menos, el 60% continúen en el proceso. Pero más adelante hubo otro cambio. El 10 de mayo del 2012, el Consejo emitió otra resolución (No. 48-2012) bajando como requisito mínimo 50 puntos.

La inquietud obligó a una jueza del Guayas a acogerse a una acción de protección. La demanda 09355-2012-0698 se planteó en el Juzgado Quinto de Trabajo contra los vocales de la Judicatura Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tania Arias y otros funcionarios por cambiar el reglamento en tres ocasiones, amparados en el Código de la Función Judicial. Así se buscaba beneficiar a quienes no superaron el 70% del puntaje establecido para otros concursos.

El Juzgado emitió un auto de inhibición y negó la acción de protección. El hecho se debe a la amenaza de una posible sanción para los jueces que resuelvan favorablemente esas acciones.

EL COMERCIO accedió al memorando No. 3524-UCD-2012 del Consejo de la Judicatura. Está dirigido -el 9 de julio pasado- a los directores provinciales para que se difunda que, bajo el art. 42 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, habrá“sanciones a los jueces que resuelvan favorablemente actos de protección cuyo objeto tenga que ver con aspectos de mera legalidad”. El documento está firmado por el coordinador de Control Disciplinario de la Judicatura, Diego Zambrano.

Por este motivo, los jueces que estén inconformes e intenten acogerse a estas medidas o impugnarlas no podrán hacerlo por la vía judicial. Este Diario entrevistó a seis jueces de esta capital que fueron descalificados del concurso y que pidieron la reserva de su identidad.

Una de las juezas tiene más de siete años en la Función Judicial, es catedrática y ha recibido condecoraciones, pero no fue elegida para quedarse trabajando en su juzgado, por la puntuación que obtuvo en la prueba del curso de formación inicial. Sus calificaciones en méritos y oposición suman 64 puntos. Lo mismo ocurrió con otra jueza que lleva casi nueve años de servicio y obtuvo 76.

Jorge Ayala, presidente de la Asociación de Judiciales de Pichincha, menciona que los jueces tienen miedo de denunciar. “Creemos que hay talento humano, que es muy capaz y que se está desperdiciando por meter gente nueva”. “No nos dejaron ver esas pruebas”, dice otro juez que fue descalificado con 63 puntos. “ Necesitamos, al menos, ver en qué fallamos, cómo se calificó”.

Un caso particular

Uno de los casos denunciados por los juristas descalificados es el de Vinicio Palacios, quien al momento de concursar y aprobar los requisitos tenía un juicio de alimentos desde el 2010. La causa 2010-0976 se abrió en el Juzgado Noveno de la Niñez y la Familia. “Fue conocido por todos en el medio que el señor, funcionario de la Judicatura, resolvió la causa en mayo pasado, tres meses después de iniciado el con curso”, señaló un juez. El Reglamento de la Judicatura claramente señala que el postulante no debe tener juicios ni contratos con el Estado.

Para recoger su versión este medio de comunicación llamó a la Corte Provincial de Pichincha donde Palacios labora, y recibió la contestación de una secretaria quien dijo: “No puede acceder a la entrevista porque los funcionarios no pueden hablar”.

El 25 de junio pasado, este Diario entrevistó a Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de Transición, quien ratificó que han existido quejas de corrupción. “Llegan todos los días denuncias, pero son de personas que no les gusta perder. Estamos tratando de ser lo más transparentes en la reforma de la justicia del país”.

Según el Consejo Nacional de la Judicatura, el costo de desenrolamiento para el personal que no ha pasado las evaluaciones es de USD 30 millones. En jubilaciones USD 14 millones y por retiro voluntario USD 6 millones.

450 veedores de Alianza País

En la Veeduría Nacional para la reforma de justicia también hay críticas sobre los procedimientos del concurso. 903 personas recibieron acreditaciones  a escala nacional. De acuerdo con datos oficiales del Consejo Nacional Electoral,    450 de ellas pertenecen a Alianza País.

Carlos Coloma, coordinador de la Veeduría en Pichincha,    dice que en el proceso de la reforma, como en la conformación de la veeduría, tanto nacional como internacional,  hay   una serie de anomalías.

La veeduría Internacional, por ejemplo, se instaló  en septiembre,  dos meses después de iniciado el  concurso de  jueces para la Corte Nacional de Justicia.

“Las observaciones de lo que pasa con los concursos no se recogen fehacientemente”, señala el coordinador, quien exige más transparencia en el proceso.

 Documentos con quejas y solicitudes de detalles sobre el presupuesto han sido enviados al Consejo de Participación. No obstante,  los cuestionamientos no han sido contestados hasta la fecha. No tienen oficinas ni presupuesto para trabajar, asegura Coloma, quien sostiene que estas observaciones se deberían también  incluir en el segundo informe  de la Veeduría Internacional, que deberá presentarse el 15 de agosto.

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