Nadie sabía qué sucederá con sus cargos. En la mañana, los judiciales que trabajan en el Palacio de Justicia (centro-norte de Quito) esperaban la notificación para saber si son despedidos o no. Todo dependía de los resultados de la evaluación que el Consejo de la Judicatura (CJ) realizó en noviembre a 5 965 empleados del país.
“Estamos tensos, pero debemos mantener tranquilidad y calma. Que sea lo que Dios quiera”, comentó ayer Raquel Canchignia. Ella tiene 16 años como judicial y es ayudante judicial. “No he tenido ningún problema con nadie y no sería justo que me manden”.
Junto a ella estaba Carmen Espinel, asistente administrativa con 20 años en la institución. “Es un poco impredecible lo que pasará. Uno se estresa, pero hay que esperar los resultados. Todo esto afecta en lo emocional”.
Las pruebas psicológicas a los judiciales generaron polémica, pues las preguntas del test psicológico incluso hasta aspectos de la vida sexual hasta gusto por los diarios (prensa) y editoriales.
¿Le gustaría ser periodista? ¿Cree que la única parte interesante de los diarios son las caricaturas de la sección cómica? ¿A usted le gusta leer las noticias de crímenes de los diarios?, fueron algunas de las interrogantes.
La pregunta 242 decía: ¿Me pongo muy excitado una vez por semana o con más frecuencia? El test tuvo 13 preguntas sexuales. Raúl L., un trabajador judicial, considera que para saber si están o no aptos para el cargo no es admisible que se efectúen esas interrogantes. “Hubo algunas preguntas de este tipo que me parecieron delicadas de contestar y que bajo mi criterio no tienen relación con la calidad de trabajo que realizamos”, contó.
En ese entonces, el psicólogo Jaime Peña señaló que los parámetros de evaluación tienen una explicación: “Las preguntas sobre el primer ámbito son subjetivas con respuestas objetivas. Así se puede detectar si tiene tendencias a pedir favores sexuales”.
En esta fase tampoco actuó la veeduría internacional. Ese sábado 26 de noviembre, el grupo liderado por el juez español Baltasar Garzón llegó al lugar donde los empleados eran sometidos a las evaluaciones (Cemexpo- vía a la Mitad del Mundo).
Pero hasta entonces, no habían recibido el cuestionario de las tres pruebas para los judiciales. “Estamos nerviosos. Nos sabemos a qué hora nos van a notificar. Estamos a la espera. Lo único que hay son solo rumores”, señaló una judicial que dio esas pruebas y ayer no sabía si seguirá o no. “Tengo niños pequeños y si me voy no tendré que seguir en otra parte”.
En la mañana, el presidente de la Judicatura confirmaba que las notificaciones se realizarán entre la tarde y noche de ayer y que esto se hará a través de los correos electrónicos de cada funcionario.
Fernando Gándara, encargado de los préstamos del Fondo de Cesantía, asegura que tienen cerca de 3 800 afiliados de la Justicia.
El monto del crédito otorgado a ellos es de USD 50 millones. Esa cantidad corresponde a créditos de consumo e hipotecarios. Los intereses generan ganancias para liquidar a las personas que salen o se jubilan de la Justicia.
Gándara afirma que si se despiden a más de 700 trabajadores (más del 15% del total de servidores judiciales) no tendrían para liquidar a todos inmediatamente.
Según este funcionario, los despidos afectarían directamente al flujo con que aporta el capital del Fondo de Cesantía. Por esta razón, cree que es necesario aumentar funcionarios que aporten para mantener la liquidez.
Las personas que tengan préstamos con este fondo, si son despedidos, deberán pagar en su totalidad sus cuentas pendientes.
La liquidación que reciban irá directamente a pagar el préstamo y no recibirán efectivo o esto dependerá del caso.
Pero Gándara aclara que también están abiertos a un refinanciamiento de la deuda o si la persona no puede pagar se le cobrará al garante del servicio judicial.
