El 26 de octubre se realizó, en Quito, uno de los operativos contra el licor adulterado. Foto: Archivo EL COMERCIO
El licor era almacenado en un pequeño cuarto de cemento, sin ventanas. Lo tenían en canecas y con un embudo lo envasaban en botellas de plástico.
Más de 1 000 litros de alcohol artesanal eran distribuidos y vendidos en tiendas del sur de Quito. Uno de estos locales funcionaba en El Calzado. Los vecinos dicen que solo después de un operativo conocieron que la venta era clandestina.
Los interesados llegaban, pagaban y luego las botellas se entregaban en otra puerta o por un orificio pequeño.
El licor era comercializado desde USD 0,50 la botella. Pero en el último año, la Policía ha encontrado locales donde se comercializan desde USD 0,15.
Los policías que han participado de los decomisos dicen que esos hallazgos son preocupantes, “porque mientras menor es el costo, la probabilidad de que el licor sea nocivo para la salud es más alta”.
Los agentes indagan cómo se concreta este negocio ilegal en el país. Los últimos datos de los uniformados refieren que toda la cadena empieza en Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar.
Los datos que los uniformados consiguieron indican que el alcohol artesanal se elabora principalmente en zonas rurales de estas provincias.
Con ayuda de trapiches montados temporalmente convierten la caña en jugo y luego la fermentan. Ese concentrado lo mezclan con productos como el metanol y adulteran el contenido, que termina por afectar a la salud.
La idea de usar este líquido es para “hacer más puro” el licor. Pero el metanol mal administrado produce intoxicación.
Desde enero hasta el 4 diciembre, en el país se han clausurado 492 locales. En esos establecimientos se decomisaron 40 086 litros de licor adulterado. Agentes de Inteligencia policial saben que las sustancias son transportadas a las grandes ciudades en camionetas y camiones.
Por temor a los operativos, la gente que se dedica a esta actividad ilícita entrega las canecas, especialmente, en las noches y en las madrugadas. Así evitan los controles.
Una vez que el producto llega a los puntos de venta es comercializado de distintas formas. Por ejemplo, en octubre, la Policía detectó un caso en donde los sospechosos ofertaban el licor en un vehículo.
Salían las tardes y entregaban el producto en parques, mercados o plazas. Pero también lo hacían en fiestas.
Precisamente, las víctimas más frecuentes se encuentran en estos lugares. Uno de los casos más recientes sucedió el pasado 25 de octubre, en Quito. Ocho personas que estaban en un festejo familiar fallecieron al consumir licor adulterado.
Personal que investigó ese caso dice que las víctimas adquirieron el producto en el sector de San Blas (centro).
Antes de fallecer, las víctimas presentaron ceguera, intensos dolores de cabeza, de estómago y vómito frecuente.
Uno de los últimos reportes del Ministerio de Salud detalla que el consumo de alcohol sin registro sanitario puede generar los siguientes síntomas: alteración del estado de conciencia, visión borrosa, náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal o resaca prolongada.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha confirmado lo perjudicial que resulta este producto en el organismo. Genera más de 60 enfermedades y lesiones internas. “El 95% de pureza del licor artesanal puede quemar de inmediato las capas que cubren las paredes del estómago”.
Hasta el 5 de noviembre pasado, el Ministerio de Salud Pública reportó 83 casos sospechosos de intoxicación causados por alcohol metílico, a escala nacional.
De ese número, en 33 se confirmó que los afectados ingirieron metanol. En el resto se descartó aquello o sus casos están en investigación en este momento.
La Policía ha intensificado los operativos a escala nacional. Otra ciudad en donde se ha encontrado licor ilegal es Guayaquil. En esa ciudad, los agentes han visto que los vendedores también entregan en casas o departamentos.
Los primeros días de noviembre fueron allanadas cinco viviendas y se encontraron 213 litros de alcohol artesanal.
El producto era almacenado en canecas y se vendía en botellas pequeñas y hasta en funda.
En una de las casas se entregaba en una canasta que bajaba desde el segundo piso a través de una cuerda.
En otra vivienda era distribuido en el interior de cocos.
Los investigadores descubrieron además producto envasado en botellas con marcas.
En octubre, cuando se hallaron los primeros casos de personas afectadas, se reforzó la seguridad a escala nacional.
En Machala, por ejemplo, se encontraron 700 litros.
La propietaria del inmueble fue detenida y procesada por contaminación de productos que están destinados para el consumo humano.
Este delito está tipificado en el artículo 216 del Código Integral Penal. Allí se establecen penas de tres a cinco años de cárcel a quien “altere” las sustancias y que pueda ser perjudicial para la salud.
En la normativa penal también se indica que con la misma pena será sancionada la personas que, “conociendo de la alteración, participe en la cadena de producción, distribución y posterior venta” de estos insumos.
En caso de que el consumo termine en muerte, los responsables pueden ser sancionados con cárcel de tres a cinco años, por homicidio culposo.
De hecho, en Quito, el fiscal Hugo Pérez procesó a una persona bajo esa figura delictiva.
El caso pasó a una fase de investigación pública, pues al procesado se lo señala por expender este tipo de producto.