El funcionario de las Naciones Unidas ha corrido el velo. La memoria puede ser frágil, pero no tanto como para olvidar los operativos policiales en Quito Motors en el 2000, en Fybeca en el 2003, en Rose en el 2005, en Píntag en el 2008 o en Cuenca en el 2010 (muerte de Carlos Salamea, el 3 de julio). Más de una veintena de personas acribilladas por los llamados a garantizar la paz.
Se suma la evidencia de policías-sicarios, como el caso reportado en Los Ríos por el propio relator. ¿Cuántos otros excesos no se han reportado como atribuibles a uniformados? Hay que ver televisión, mirar a los agentes que, junto a los cadáveres recién abaleados, dan cuenta de los antecedentes delictivos de esos muertos, para reducir todo a ‘ajustes de cuentas’.
¿Ajustes de cuentas de quién? En tanto, la respuesta oficial para reducir crímenes por sicariato es la conformación de grupos de élite. ¿Es lo más acertado con agentes bajo sospecha? No es que toda la Policía esté enferma, pero el virus no ha sido extirpado y para evitar que se convierta en pandemia cabe adoptar medidas que trasciendan a la inversión millonaria en armas, balizas y vehículos.
Alston no es el funcionario de un país. Alston, desde hace más de dos décadas, representa a las Naciones Unidas y ha emitido informes severos frente a autoridades de EE.UU., Colombia, Israel, Líbano, Nigeria, Brasil, etc.
Sería un error reducir el tema a un asunto de soberanía y cerrar los ojos como siempre. Como él ha dicho: “La era de una Policía que se investiga a sí misma debe llegar a su fin”.