La desaparición de Josué, Ismael, Saúl y Steven ha generado consternación en Ecuador. Según las familias, el 8 de diciembre, los niños salieron a jugar fútbol y acudieron a una panadería cercana a un centro comercial en el sur de Guayaquil. En ese lugar, aseguran, se habría llevado a cabo un supuesto operativo militar, y desde entonces no se conoce el paradero de los menores.
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Bloque de Seguridad habla sobre la desaparición cuatro niños
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en un comunicado de tres minutos, expresó su indignación por el caso y señaló que brindan soporte a las familias. Sin embargo, rechazó que este hecho sea catalogado como desaparición forzada, argumentando que esto beneficia al crimen organizado. El ministro Loffredo afirmó que se ha iniciado un tribunal de disciplina militar para esclarecer las responsabilidades internas.
Los padres de los menores han relatado incidentes que los preocupan. Uno de ellos asegura haber recibido una llamada que indicaba que sus hijos eran golpeados y desnudos en la base militar de Taura; mientras que otro padre afirmó haberse comunicado con su hijo, quien confirmó que los militares los llevaron a esa zona. Las búsquedas realizadas no han dado resultados, lo que aumenta la desesperación de las familias.
La reacción oficial
El Bloque de Seguridad es una fuerza operativa, conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador. Su objetivo es garantizar la seguridad integral del Estado. Ellos se refirieron al caso en una intervención que apareció en sus redes sociales.
El almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, descartó que las fuerzas del orden estén implicadas. Vela ofreció su compromiso personal para esclarecer lo ocurrido y aseguró que las Fuerzas Armadas no encubrirán actos irregulares, si los hubiera.
Por su parte, el general Víctor Zárate, comandante general de la Policía, informó que la investigación penal está bajo la dirección de la Fiscalía y se mantiene en reserva. Añadió que la Policía recibió denuncias iniciales el 2 y el 18 de diciembre, por secuestro y desaparición involuntaria, respectivamente. Según Zárate, todas las capacidades investigativas de la institución están en función de resolver este caso.
El Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, junto con las familias afectadas, ha presentado un recurso de hábeas corpus para exigir la localización de los menores.
Rechazo a acusaciones
El ministro Loffredo rechazó las acusaciones que vinculan a las Fuerzas Armadas con actos delictivos, asegurando que estos señalamientos buscan desmoralizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Según Loffredo, la narrativa de ciertos sectores intenta generar caos y desprestigiar a las instituciones de seguridad del Estado.
Mientras tanto, los familiares continúan exigiendo acciones concretas y resultados en las investigaciones. En los barrios del sur de Guayaquil, vecinos y allegados han realizado vigilias en solidaridad con los padres de los niños desaparecidos, quienes viven días de angustia sin respuestas claras.
Las Fuerzas Armadas y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) han señalado que siguen apoyando las tareas de búsqueda.
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