Las autoridades de Guayas abrirán una mesa de diálogo con la ciudadanía para regular el correcto uso de las motocicletas. Foto: Jorge González / EL COMERCIO
El 60% de los delitos de robo y asesinato, en lo que va del 2017, ha sido cometidos por personas a bordo de motocicletas, según datos de la Policía de Guayas. Por ello, las autoridades de la provincia abrirán una mesa de diálogo con la ciudadanía para regular el correcto uso de ese medio de transporte.
Así lo dieron a conocer la mañana de este miércoles 14 de junio del 2017 en una rueda de prensa, entre otras autoridades, el gobernador de la provincia, José Francisco Cevallos; el gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche; y la fiscal de Guayas, Patricia Morejón.
Cevallos afirmó que en el último consejo de seguridad de la provincia, la semana anterior, se detectó que los actos delincuenciales que se producen a bordo de motos es “altísimo”. Por ello, dijo, se decidió la elaboración de una reglamentación para ese sector de transporte que derivaría además en una ordenanza municipal.
“Algo tenemos que hacer, no podemos dejar que esas estadísticas suben por el mal uso de la motocicleta para actos delincuenciales. Con el diálogo en las mesas vamos a buscar una solución para reducir considerablemente, radicalmente, el mal uso de las motocicletas”, manifestó.
Cevallos refirió que se hará un diálogo abierto con la ciudadanía en el marco de la apertura que propuso el Jefe de Estado Lenín Moreno. “Todo lo que vayamos hacer para los ciudadanos con los ciudadanos”, dijo.
En tanto, Roche aseguró que se deberá regular los almacenes que venden ese medio de transporte, pues hay locales que se caracterizan por la venta de artefactos, pero que también comercializan motos. Por lo que pidió que en éste proceso de regularización se incluya al Servicio de Rentas Internas.
No descartó que se incluya un censo para verificar cuántas motos de las que ruedan en el Puerto Principal tienen su documentación en regla como la matricula y placas autorizadas.
Además, Roche informó que agentes de la institución han recibido amenazas de motorizados tras los operativos que han realizado en sectores como la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil.
En ese mismo lugar, afirmó, se han registrado cinco robos de cámaras que funcionan con los fotoradares. Por ello, agregó, se ofrece una recompensa de USD 15 000 a quien de con el paradero de los responsables del delito.
La fiscal Morejón detalló que las penas por robo de bienes públicos pueden ir entre tres y siete años de prisión.