9 de August de 2012 00:03

Poca autoridad de fiscales en el campo

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Los documentos están ordenados sobre el escritorio. En otra oficina, los archiveros lucen repletos de juicios. Allí trabaja Pedro Tisalema.

Lo hace desde que en Quito, él y otras ocho personas fueron posesionadas como nuevos fiscales indígenas de nueve provincias.

La selección fue larga. En agosto del 2011, el fiscal Galo Chiriboga anuló dos convocatorias que cuatro meses antes había realizado su antecesor, Washington Pesántez.

Este Diario accedió a un comunicado que la institución emitió el 23 de agosto del 2011 y allí Chiriboga dice que el concurso se suspendió por haberse “inobservado disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias”. Es más, habló de vicios en el proceso.

En el país hay 13 instancias indígenas, pero tras el llamado de Chiriboga se llenaron las vacantes en nueve provincias y las oficinas de Guayas, Morona, Zamora y Napo siguen con suplentes.

¿Qué trabajo realizan estos funcionarios? No solo tramitan casos originados en las comunas, sino también los juicios ordinarios.

Un informe oficial revela que en el 2011 tramitaron 2 138 denuncias en 11 jurisdicciones. Mientras que entre enero y junio de este año suman 814.

Las causas más comunes tienen relación con lesiones, violación, , abigeato (robo de ganado), intimidación, robos y hurtos.

Entre los 80 casos que debe atender Tisalema también están asesinatos, peculado y plagio.

Estadísticas oficiales señalan que la mayor cantidad de delitos se produce en Imbabura.

Le siguen Morona Santiago, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha.

No obstante, el Fiscal General tiene reparos y advierte que es “poco adecuado” tener judiciales dedicados solo para tratar temas indígenas. “Mañana vamos a tener fiscales para asuntos de mestizos o afrodescendientes”.

Un accionar limitado

Estas fiscalías no han logrado reducir la aplicación de la denominada justicia consuetudinaria en las zonas rurales.

Según Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI), estas oficinas se ha convertido en una “agencia de recepción de casos”, en donde están implicados los comuneros.

Con base en casos conocidos, asegura que “muchas veces”, los judiciales piden a los dirigentes que resuelvan los problemas.

En el centro del país, también sienten las limitaciones para actuar en los pueblos. El 19 de julio pasado, José Valente, secretario de la Fiscalía de Guamote, no pudo mediar en un conflicto que se originó en Quishuar María Elena (Guamote-Chimborazo). El sector bajo intentaba independizarse del alto. Eso ocasionó el secuestro de dos personas, para evitar la separación.

Ese día, Valente explicó a los comuneros que el plagio era un delito y que pueden afrontar consecuencias legales. El artículo 189 del Código Penal lo sanciona con cárcel de nueve a 12 años.

Cuando una salida al conflicto estaba cerca, llegó la Policía y la gente se enojó. Valente se retiró con los uniformados, la gente los siguió y todos bloquearon el camino para que no avanzaran.

Tomaron al Secretario y lo regresaron de la mano. Le dijeron que allí“los problemas se resuelven entre nosotros”. En la tarde, el funcionario se retiró de la comunidad por su cuenta. La disputa, que duró 24 horas, finalizó en la noche con la firma de un compromiso para no separarse. Es decir, el conflicto se solucionó entre dirigentes, sin mediación alguna.

En mayo del 2010 se evidenció con fuerza esos límites para actuar. El entonces fiscal indígena Vicente Tibán no pudo evitar que cinco jóvenes fueran maniatados y torturados en una plaza.

El martes, Tibán recordó que esos hechos terminaron en su renuncia. “Mi principal dificultad fue mediar con 24 comunidades que participaron en el juicio de La Cocha”. Él asegura que es más fácil llegar a un acuerdo si en los conflictos hay una comunidad.

Pesántez tampoco pudo entrar a La Cocha, pues los comuneros bloquearon las carreteras.

El 1 de agosto, en Guamote hubo una sesión solemne. Allí, la Fiscalía de Chimborazo y la Alcaldía firmaron un convenio para que 144 dirigentes se capaciten en temas relacionados con las justicias consuetudinaria y ordinaria.

Ese miércoles coincidió con el primer día de trabajo de Jorge Parco. Él es uno de los juristas indígenas que se posesionaron tras ganar un cupo en el concurso convocado por Chiriboga.

148 concursantes

Luego de que el actual Fiscal General anulara la convocatoria de Pesántez, 148 aspirantes se presentaron al nuevo proceso.

Ellos buscaban cargos de agentes titulares, secretarios y asistentes. En cuatro provincias, los postulantes no pasaron las pruebas psicológicas y teóricas, que fueron calificadas sobre 100. Por eso, aún actúan los encargados.

Los aspirantes a fiscales también debieron rendir un examen oral de idioma nativo y certificar que pertenecía a una comuna.

El martes, Pesántez fue tajante al referirse al nuevo concurso. “No es otra cosa que poner gente allegada, porque hoy en la Fiscalía hay gente que está vinculada a ciertos intereses políticos”.

En la tarde, fuentes de ese organismo aseguraron que todo fue técnico y que la anulación se produjo porque “se incumplieron normas internas”. Se refieren a la conformación de Tribunales de méritos y oposición reformados.

Entrevista

Ariruma Kowii. Catedrático de la U. Andina

‘El castigo violento no es justicia indígena’

Redacción Seguridad y Justicia
 
¿Cuál es la diferencia entre justicia indígena  y la que se ejerce  por “mano propia”?

En la justicia indígena se deben cumplir  ciertas formalidades  que se enmarcan dentro de la ritualidad. En algunos casos, las sanciones se realizan al frente de la familia del sospechoso o de la comunidad a la que pertenece. Eso depende  del grado del delito.

¿Y los  ajusticiamientos?

En estos no hay espiritualidad. Solo  se dan en el momento en que un infractor comete un delito y  se toma la decisión de ajusticiarlo, sin darle oportunidad a  que  sea sujeto de un procesamiento. Esta es una figura que ocurre  más en la ciudad, porque  se genera por la euforia del momento. En ese sentido, el tema del linchamiento está más cercano a lo urbano.

¿Por qué a lo urbano?

Eso pasa por la falta de  confianza en la justicia y las instituciones. En los barrios, por ejemplo, la gente se preocupa de la seguridad y denuncia los hechos delictivos,  pero lamentablemente por cualquier situación las autoridades no tienen el personal suficiente y no los atienden. Entonces, tienen que hacer justicia por su propia mano. A veces colocan carteles con amenazas como forma de prevención en los barrios.  

En las comunidades, ¿antes se castigaba con agua fría?

No. El baño tiene un ritual de purificación y limpieza, pero eso es algo que se lo hace en la intimidad. Se lo hace entre la familia.

Pero, así se sanciona hoy...

Eso es parte de la tergiversación. Antes se sancionaba de otra manera, sin castigos violentos.   

Por ejemplo, ¿cuáles?

En la mayoría de zonas indígenas tenemos el pelo largo. Entonces, de lo que se cuenta en las crónicas, uno de los castigos era cortarles el cabello a los infractores, porque la trenza tiene un valor cultural afectivo en la población quichua. Despojarles la cola los hacía visibles de que habían cometido algo  grave en la comunidad. Así  no podían esconderse.

¿Desde cuándo toman fuerza los linchamientos?

Yo creo que esto se hace más visible en la década de los 70 y 80.

¿Por qué?

Pasa lo mismo que en la ciudad. Ante el abandono institucional, las comunidades buscan hacer justicia por mano propia.

¿Qué se debería hacer para frenar los hechos violentos?

Es importante que en las comunidades se vuelva a estudiar (temas sobre el derecho indígena), porque ese conocimiento se ha diluido. Por ejemplo, así como se estudia el derecho romano en las universidades del país, también se tiene que abordar lo  indígena.

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