Familiares y amigos de ciudadanos cubanos esperan la resolución del juez de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha. Foto: Alfredo Lagla/EL COMERCIO
Hace seis horas, la tarde de este 12 de julio inició la audiencia de habeas corpus para lograr la liberación de un grupo de unos 40 cubanos. Pero hasta las 22:15 no hay todavía una resolución del juez de la Unidad de Garantías Penales de Pichincha.
Según la abogada Daniela Salazar, quien estuvo presente en la diligencia, el juez invirtió las dos primeras horas en confirmar la presencia y la identidad de los cubanos que solicitaron el habeas corpus y de quienes ya fueron deportados. La primera novedad fue que entre los extranjeros que llegaron a la diligencia existían al menos seis personas que no se conocía que estaban en proceso de deportación y no constaban en el listado de solicitudes del hábeas corpus.
“Es increíble que hasta ahora el Ministerio del Interior no ha dado una lista de las personas que fueron deportadas. Y eso ha retrasado la diligencia”, explicó Salazar, que es parte del grupo de abogados que acompaña a Juan Pablo Albán, abogado de los migrantes. Ella detalló que para lograr los nombres de los cubanos que siguen en el país a punto de ser enviados a Cuba han tenido que “escribir en servilletas” porque han sido “impedidos de hablar con los defensores”.
Salazar explicó que en la diligencia se presentaron los abogados del Ministerio del Interior y de Migración. “Su argumento fue que se hizo el operativo en el parque El Arbolito por un tema de seguridad ciudadana, porque los migrantes no tenían un permiso para estar allí e incluso hablaron del interés superior de los niños y que por eso los detuvieron”, dijo.
Mientras la audiencia se desarrolla, los familiares y amigos de los migrantes esperan afuera de la sede judicial. Ellos han permanecido allí desde las 16:00 sin alimentarse. A las 20:00, activistas de derechos humanos trajeron cobijas y repartieron café caliente para así enfrentar los vientos fríos del verano quiteño.
En la audiencia también se presentaron activistas en derechos humanos, quienes pentreharon un amicus curiae, esta es una opinión judicial de terceros para colaborar con el razonamiento del juez.
