La audiencia de flagrancia de los 10 involucrados en la operación Sol Rojo se realizó ayer. Un grupo de Inteligencia policial arrestó a los 10 sospechosos por supuestamente colocar bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca contra la visita que realizó el mandatario colombiano a Ecuador el 19 de diciembre. Según la Policía se trata de líderes provinciales de la “célula insurgentes Grupo Combatientes Populares”.
Desde cerca de las 23:00 del sábado, los 10 estaban detenidos en los calabozos de la Policía Judicial de Quito, luego de ser capturados en el Luluncoto, en el sur de la ciudad.
La captura se realizó a las 17:00 de ese día en una vivienda ubicada entre la av. Napo y Velasco Ibarra (sur de la capital) Los agentes informaron que “habrían estado participando de una reunión clandestina”.
Hasta pasado el mediodía de ayer, los detenidos continuaban en la Policía Judicial custodiados por dos miembros del GIR. El ministro del interior, José Serrano, convocó ayer a una rueda de prensa en la UVC de Carapungo para dar más detalles de la operación Sol Rojo.
El funcionario indicó que los capturados fueron sorprendidos en flagrancia “planificando actos de violencia a partir del 8 de marzo”.
Ese día está previsto el inicio de una marcha indígena y de grupos opositoresque, según se ha sido anunciado, concluirá con una concentración en Quito el 22 de este mes. Mientras, el presidente Rafael Correa llamó a sus seguidores a “resistir pacíficamente” la marcha opositora, que denuncia como un intento para desestabilizarlo, y advirtió sobre actos violentos que se estarían preparando para crear caos durante las movilizaciones.
“Lo fundamental es que se logra desarticular una célula importante de un grupo que estaba planificando actos contra nuestra democracia. No se descarta dentro de la investigación determinar algún tipo de vinculación con otras organizaciones”, declaró Serrano.
“Hay mensajes de celular que claramente determinan que la intención es tomarse el poder por las armas”, añadió.
En el operativo participaron miembros de la Fiscalía General del Estado, personal de Criminalística y uniformados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). En ese mismo sitio se llevó a cabo, con media hora de retraso y resguardo policial, la audiencia de flagrancia en la que hasta el cierre de esta edición, el juez Juan Pablo Hernández indicó que la audiencia sería a puerta cerrada. Se los acusa de atentar contra la Seguridad del Estado.