Asociaciones internacionales de fiscales rechazaron el asesinato del fiscal Federico Estrella. El crimen ocurrió el 15 de agosto de 2022 en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.
La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF), en un comunicado, señaló que el hecho de sangre se suma a los recientes asesinatos de funcionarios judiciales. Entre ellos están el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia; la fiscal Karen Almendarez, de Honduras; y la ecuatoriana Luz Marina Delgado, asesinada el pasado 25 de mayo en Manta, provincia de Manabí.
“Resulta preocupante la escalada de episodios similares. Y de amenazas y acciones intimidatorias en contra de servidores de la justicia”, indicó la Federación.
La FLF dijo que viene alertando a los poderes políticos de la región, “de la ausencia de dispositivos efectivos para asegurar el normal desarrollo de las tareas de los operadores judiciales”.
Contexto de amenazas
El organismo resaltó que muchos de estos funcionarios cumplen sus funciones “en un contexto de amenazas y de profundas incertidumbres”. Estas son creadas “por la injerencia indebida de parte de los factores de poder, en particular de las organizaciones criminales transnacionales”.
En el comunicado, la FLF aseguró que estos asesinatos están dirigidos a menoscabar la independencia del Ministerio Público Fiscal, “debilitando los principios de un estado republicano y democrático”.
Advirtió que de persistir el desamparo de los fiscales, recurrirá a los tribunales internacionales. Esto para “solicitar la condena de todos los responsables estatales, que por su inacción, han puesto en riesgo la integridad física y la vida de fiscales, familiares y colaboradores”.
La Federación Latinoamericana de Fiscales está integrada por asociaciones de 11 países,: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Estas ofrecen su colaboración con un protocolo de seguridad, bajo los estándares de Seguridad para Fiscales y sus familiares. Las medidas fueron aprobadas en Helsinski (Finlandia), el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés).
Más reacciones
Asociaciones de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay también se solidarizaron con sus colegas de Ecuador. Sobre el crimen, la Asociación Argentina de Fiscales señaló que “no dejamos de advertir que este episodio se suma a la lista de fiscales que han sufrido ataques en Latinoamérica”.
“Confiamos en el esfuerzo que seguramente harán nuestros colegas fiscales para esclarecer tan cobarde crimen”, señaló el gremio de judiciales argentinos en un comunicado. También instaron a la población “a estar atenta a estos ataques, que lo son contra la democracia como institución suprema de la vida de todas las personas”.
Finalmente puntualizó que “sin fiscales no hay justicia, sin justicia no hay paz y sin paz los pueblos no pueden crecer”.
Mientras que la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), en un pronunciamiento público, indicó que los crímenes contra funcionarios judiciales en diferentes países “tienen por norte amedrentar al órgano persecutor en la lucha contra el crimen organizado”.
Finalmente, miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) firmaron un manifiesto en el que manifiestan su profunda preocupación. Además rechazan “cualquier tipo de amedrentamiento a la labor institucional y social que desempeñan los y las Fiscales de Iberoamérica y sus equipos”.
