Imagen referencial. La Asociación de importadores de productos médicos señaló en un comunicado las supuestas irregularidades en las adquisiciones de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Foto: AFP
La Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim) denunció presuntas irregularidades en la selección de proveedores de insumos, equipos y reactivos en procesos de contratación para casas de salud del sector público.
Cristina Murgueitio, directora de Asedim, dijo este miércoles 20 de mayo del 2020 que los escándalos de sobreprecios en contrataciones de emergencia, en el contexto del coronavirus, no son nuevos. En esa línea, la Asociación cruzó información de adjudicaciones que consta en el Servicio de Contratación Pública (Sercop), entre el 2016 y el 2018.
En esta revisión se identificaron 898 proveedores adjudicados, pero según Asedim, de ellos, 433 no cumplían con la normativa y los requisitos legales, como contar con el licenciamiento de establecimiento farmacéutico, que otorga la Agencia de Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
“De esta última cifra, el 64% son personas naturales, es decir, 275 ciudadanos ganaron procesos sin cumplir con la Ley Orgánica de Salud ni la Ley del Sistema de Compras Públicas, tampoco observaron las normas secundarias de control sanitario”, precisó la Asociación, a través de un boletín. Estos 433 proveedores habrían recibido contratos con el Estado que ascienden a USD 76,2 millones, dice.
El 19 de julio del 2019, Asedim remitió un oficio dirigido a la exministra de Salud Catalina Andramuño; al titular de la Cartera de Producción, Iván Ontaneda, y a la viceministra de Gobernanza y Vigilancia de Salud de ese entonces, Sonia Díaz. También fue dirigido a Silvana Vallejo, titular de Sercop y a Sebastián Mulky, director de Arcsa. En el documento, se adjuntó el detalle de los proveedores que no habrían cumplido con la normativa.
La organización, en el boletín de prensa, apuntó que la Contraloría General del Estado ya ha hecho observaciones, como el caso de la firma Asesolec, que consta como una institución de servicios legales, pero que ganó un proceso de contratación para el Hospital del IESS del Sur de Quito.
También se cuestionó a la empresa Almantop S.A., a la que en abril pasado se le encargó la entrega de mascarillas e insumos de protección para el IESS. Sin embargo, el proceso, que superaba los USD 10 millones, se suspendió, pues se detectó un sobreprecio en el valor de las mascarillas N95, que se ofertaban a USD 12. Esta industria tenía registrado como objeto social la comercialización de alimentos.
Murgueitio, además, denunció la venta de insumos médicos a través de redes sociales, lo cual es prohibido por la Ley. “Esto preocupa, pues el nivel de informalidad hace que tengamos estos proveedores que entregan productos que no se sabe su procedencia, ni si se almacenan de manera correcta”, manifestó.
La organización advierte que los establecimientos farmacéuticos de dispositivos médicos, incluyendo comercializadores al por menor, deben obtener la Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.
“Asedim insta a transparentar los procesos de compras y adjudicaciones y a que se exija el cumplimiento de la normativa de control sanitario para que se elijan únicamente a proveedores calificados, con experiencia, capacidad técnica y legal”, reza el comunicado.
